¿Qué es esta nueva ley y por qué se ha aprobado?

El Real Decreto-ley 4/2026, publicado el 11 de febrero de 2026, nace como respuesta a situaciones como el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que dejó incomunicadas varias ciudades y disparó los precios de otros medios de transporte. Su objetivo es claro: evitar abusos de precios cuando ocurre una emergencia que afecta a muchas personas.

En momentos de urgencia, riesgo o necesidad, como un corte en una línea de tren, una catástrofe natural o una situación técnica grave, los precios de bienes y servicios esenciales pueden subir bruscamente, afectando sobre todo a quienes ya están en una situación vulnerable. Este Real Decreto busca proteger a los consumidores frente a esos abusos.

¿Qué cambia con esta ley?

La norma modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007) y añade un nuevo artículo llamado 20 ter, que limita cuánto pueden subir los precios en estas situaciones excepcionales.

1. ¿Cuándo se aplica esta limitación?

• Cuando el Gobierno declare una zona como “afectada gravemente por una emergencia de protección civil”.

• O cuando haya una emergencia técnica, accidente o situación sobrevenida, que altere gravemente el mercado (como el caso de Adamuz).

• El Consejo de Ministros será quien decida en qué casos exactos se aplica, durante cuánto tiempo y qué productos o servicios están afectados.

2. ¿Qué se considera una subida excesiva de precio?

• Si un producto o servicio cuesta más que el precio más alto al que se ofrecía en los 30 días anteriores a la emergencia.

• Si en ese periodo hubo una oferta muy inflada (más de un 50% sobre el precio medio), se tomará como referencia el precio medio + 50%.

3. ¿Se permiten algunas subidas?
Sí, pero solo si se pueden justificar con:

• Aumentos reales en los costes de producción o distribución.

• Nuevos productos o servicios que ayuden a resolver la situación de emergencia.

¿Y si me cobran de más?

Tienes derecho a que te devuelvan automáticamente la diferencia si te cobran por encima del precio máximo fijado por esta ley.

Además, durante estas situaciones, las empresas deben informarte claramente:

• De cuál era el precio habitual antes de la emergencia.

• Del nuevo precio máximo permitido.

• Y de si hay gastos de gestión añadidos (y cuánto son).

¿A quién afecta?

A todas las personas consumidoras y usuarias que necesiten bienes o servicios esenciales en situaciones difíciles. A empresas y plataformas que ofrecen esos servicios, que deberán controlar sus precios y evitar abusos.

Por ejemplo: si tras un accidente se suspenden trenes y suben los precios de autobuses, esta ley impide que las compañías se aprovechen de la situación cobrando tarifas desorbitadas.

Aplicación inmediata

Este Real Decreto-ley ya se está aplicando, desde el mismo día de su publicación (11/02/2026). En concreto, afecta a:

• Servicios afectados por el accidente de Adamuz.

• Conexiones ferroviarias Madrid-Málaga y Madrid-Huelva, suspendidas temporalmente.

• Del 11 al 18 de febrero de 2026, prorrogable si el Gobierno lo decide.

En resumen

• Es una norma de emergencia para proteger al consumidor cuando más lo necesita.

• Evita subidas abusivas de precios en momentos de urgencia.

• Da derecho a devolución automática del dinero si se cobra de más.

• Refuerza la información y la transparencia en la oferta de productos y servicios.

Aunque a menudo se usan como sinónimos, desde el punto de vista legal no son exactamente lo mismo. Un influencer es alguien que, gracias a su reputación en redes sociales, influye en decisiones de consumo. Un creador de contenido, por su parte, produce material original que puede tener o no fines comerciales. Sin embargo, ambos están sujetos a las mismas normas cuando promueven marcas a cambio de una contraprestación.

Identificar la publicidad: obligación legal

La legislación española y europea obliga a que toda comunicación con fines promocionales sea clara y reconocible como tal. Las leyes clave incluyen:

• Ley General de Publicidad (LGP)

• Ley de Competencia Desleal (LCD)

• Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios (LGDCU)

• Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA)

• Reglamento de Mercados Digitales (DMA)

• Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI)

Además, el Código de Conducta de Publicidad con Influencers (2025), promovido por AUTOCONTROL y otras entidades, establece normas éticas claras sobre cómo y cuándo debe identificarse la publicidad.

¿Cómo se debe identificar una colaboración comercial?

El contenido debe incluir etiquetas como "publicidad", "colaboración pagada" o "patrocinado por" de forma clara, visible y al principio de la publicación. Expresiones ambiguas como "gracias a [marca]" o "#ad" al final del texto no son suficientes.

Qué se considera publicidad

Cualquier contenido que:

1. Promueva directa o indirectamente un producto o servicio.

2. Involucre una contraprestación (dinero, regalos, viajes, descuentos...).

Incluso si no hay un pago directo, el uso de enlaces de afiliación o códigos promocionales también puede considerarse contenido publicitario.

Los menores y la publicidad

Existen reglas específicas para proteger a los menores:

• Contratos con consentimiento de padres o tutores.

• No mostrar conductas perjudiciales o productos inadecuados.

• Mayor diligencia al usar su imagen o promoverles como influencers.

Usuarios de especial relevancia

Quienes superen ciertos umbrales (1 millón de seguidores, 300.000€ de ingresos, 24 publicaciones anuales) son considerados "usuarios de especial relevancia" y deben registrarse como prestadores de servicios audiovisuales, sometiéndose a las mismas reglas que medios tradicionales.

Consecuencias legales por incumplimiento

Publicar contenido promocional sin identificarlo adecuadamente puede conllevar:

• Sanciones por publicidad encubierta.

• Reclamaciones de consumidores.

• Daños a la reputación.

• Resoluciones del Jurado de la Publicidad.

Implicaciones para empresas y abogados

Las marcas deben asegurar que sus acuerdos con influencers estén formalizados por contrato, incluyendo:

• Condiciones claras del contenido.

• Compromiso de identificación publicitaria.

• Derechos de uso del contenido.

• Cláusulas de reputación y garantías legales.

Conclusión

El marketing de influencia no es una jungla sin ley. Existe un marco jurídico claro que busca proteger a consumidores y dar seguridad a marcas y creadores. La clave está en la transparencia: si es publicidad, debe parecerlo. Identificar correctamente los contenidos promocionales no solo es una obligación legal, sino una buena práctica que refuerza la confianza del público.

El Consejo de Ministros ha aprobado la tramitación urgente de un Real Decreto que permitirá la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya residen en España. La medida, de carácter excepcional, busca responder de forma directa a una realidad social y económica que ha evolucionado más rápido que la normativa vigente.

¿En qué consiste esta regularización?

El objetivo de esta medida es ofrecer una autorización inicial de residencia y trabajo a personas extranjeras que, a 31 de diciembre de 2025, lleven al menos cinco años viviendo en España, o que hayan presentado una solicitud de protección internacional antes de esa fecha. Como condición indispensable, deberán carecer de antecedentes penales.

Este permiso inicial tendrá una duración de un año y dará acceso inmediato al trabajo en cualquier sector y lugar del país desde el momento en que la solicitud sea admitida. Posteriormente, podrán acogerse a las figuras previstas en el Reglamento de la Ley de Extranjería.

¿Y qué pasa con las familias?

La regularización también se extenderá a hijos e hijas menores que ya estén en territorio español, quienes recibirán un permiso de residencia de cinco años. Se trata de reforzar la unidad familiar y proteger a los menores en términos de estabilidad, escolarización y acceso a servicios básicos.

¿Cómo será el procedimiento?

Según ha informado el Gobierno, las solicitudes podrán presentarse entre abril y junio de 2026, y el proceso estará diseñado para ser ágil, accesible y con pocos obstáculos burocráticos. El Real Decreto se basa en la Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 personas y en una amplia mayoría parlamentaria que tomó en consideración la propuesta.

Además, al tratarse de una reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, no será necesaria su convalidación en el Congreso, lo que permitirá una entrada en vigor mucho más rápida una vez se publique en el BOE.

¿Buena o mala decisión?

Depende de cómo se mire. A continuación, te contamos qué efectos puede tener esta medida, y tú decides:

• Más cotizantes al sistema de la Seguridad Social, lo que refuerza servicios públicos como pensiones o sanidad.

• Regularización del empleo en sectores clave donde ya trabajan muchas de estas personas (agricultura, construcción, cuidados, hostelería).

• Reducción de la economía sumergida, aportando estabilidad tanto a trabajadores como a empleadores.

• Mayor seguridad jurídica para empresas y administraciones.

• Protección de la infancia y de la unidad familiar, facilitando la integración social.

• Reconocimiento de una realidad existente, frente a la invisibilidad legal que genera exclusión.

¿Implica riesgos o desafíos? Como toda medida estructural, sí. Exige una buena gestión administrativa, mecanismos de seguimiento y recursos para asegurar que esta regularización cumpla sus objetivos sociales y jurídicos. Pero al mismo tiempo, podría ser una oportunidad para alinear el sistema legal con la realidad del país.

Un paso más hacia un modelo migratorio más justo

Este Real Decreto se enmarca dentro del Plan de Integración y Convivencia Intercultural, un proyecto más amplio con el que el Ejecutivo busca avanzar hacia un sistema migratorio más ordenado, humano y efectivo, basado en derechos, cohesión y corresponsabilidad.

Las personas migrantes forman parte del tejido social y económico del país. Esta medida busca ofrecerles seguridad jurídica, derechos y herramientas reales de integración, mientras fortalece también el marco legal de todos los actores implicados.

El Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 16/2025, una norma de carácter extraordinario que aglutina diversas medidas fiscales, de Seguridad Social, energéticas y sociales para paliar situaciones de vulnerabilidad económica. Su entrada en vigor se produjo el 25 de diciembre de 2025, pero su convalidación por el Congreso sigue pendiente (art. 86 CE), lo que será determinante para la permanencia definitiva de las disposiciones contenidas.

Principales medidas tributarias (ámbito estatal):

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

• Prórroga del régimen de módulos (estimación objetiva) hasta 2026, manteniendo los umbrales que vienen aplicándose desde 2016.

• Ampliación del plazo para renuncias o revocaciones al método de estimación objetiva para el ejercicio 2026: del 25/12/2025 al 31/01/2026.

• Prórroga a 2025 de las deducciones por obras de eficiencia energética en viviendas, y a 2026 en el caso de deducciones por compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga.

• Mantenimiento de la imputación de rentas inmobiliarias al 1,1 % (art. 85 LIRPF) en determinados municipios hasta 2025 inclusive.

• Exención de ayudas por daños personales en incendios forestales producidos entre junio y agosto de 2025.

• Supresión de la obligación general de declarar el IRPF para perceptores del paro, eliminando la exigencia contenida en la LGSS. Desde 2025, solo deberán declarar si así lo exige la LIRPF (art. 96).

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

• Prórroga del régimen simplificado y del REAGP hasta 2026, en línea con los límites vigentes desde 2016.

• Nuevo plazo de renuncia y revocación para estos regímenes: del 25/12/2025 al 31/01/2026.

• Plazo extraordinario de baja en el SII y en el REDEME para 2026, como consecuencia del retraso de Veri*Factu a 2027.

Impuesto sobre Sociedades (IS)

• Prórroga a 2026 de la libertad de amortización:

  • Para inversiones en instalaciones que utilicen energías renovables (DA 17ª LIS).

  • Para determinados vehículos eléctricos y puntos de recarga (DT 18ª LIS).

Otras medidas fiscales destacadas:

• Actualización de los coeficientes máximos del IIVTNU (plusvalía municipal) aplicables desde 1 de enero de 2026.

• Ayudas fiscales por la DANA (oct-nov 2024):

  • Se extienden a entidades sin personalidad jurídica.

  • Se declaran exentas en IRPF e IS las ayudas otorgadas por la Generalitat Valenciana.

• Fijación de la tasa de retribución financiera (6,58 %) para sistemas eléctricos no peninsulares en el tercer periodo regulatorio (2026-2031).

Importancia jurídica y práctica:
Este real decreto-ley solventa el vacío legal derivado del rechazo del anterior RD-ley 9/2024, cuya no convalidación generó inseguridad jurídica sobre varias medidas fiscales ahora reintroducidas. Además, desburocratiza obligaciones fiscales para colectivos vulnerables como los perceptores del desempleo y prolonga beneficios fiscales clave para la transición energética y la inversión empresarial.

El Boletín de Noticias RED n.º 11/2025, publicado el pasado 26 de noviembre, introduce cambios relevantes en la gestión de los procesos de incapacidad temporal (IT), con aplicación a partir del 2 de diciembre de 2025. Dos aspectos clave destacan en esta actualización: por un lado, la obligatoriedad de informar sobre el puesto de trabajo y las funciones del empleado en IT, y por otro, la comunicación mensual de la base reguladora de la prestación por parte del INSS.

Mayor detalle en la información laboral del trabajador en IT

Las empresas deberán comunicar obligatoriamente al INSS, a través del fichero FDI y del servicio “Incapacidad Temporal Online” del Sistema RED, los campos correspondientes a:

• Puesto de trabajo

• Descripción de funciones

El objetivo de esta medida es permitir una evaluación médica más precisa de la situación del trabajador, facilitando así decisiones más ajustadas sobre el mantenimiento o el alta médica.

Para garantizar la calidad de la información, se han implementado validaciones técnicas:

• El puesto de trabajo debe tener al menos cuatro caracteres y no puede componerse solo de números o símbolos. En caso contrario, el sistema devolverá el error 158.

• La descripción de funciones debe contener un mínimo de quince caracteres y cumplir el mismo criterio formal. Su incumplimiento generará el error 159.

El INSS podrá compartir esta información con la mutua colaboradora y con los servicios públicos de salud, mejorando la coordinación asistencial y el control clínico del proceso.

El boletín recuerda que no cumplir con esta obligación puede acarrear sanciones conforme al artículo 21.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (RD Legislativo 5/2000).

Nueva comunicación mensual de la base reguladora de IT

Otra novedad importante es que, desde diciembre de 2025, el INSS comenzará a comunicar mensualmente la base reguladora (BR) de las prestaciones por IT mediante el Fichero INSS Empresas (FIE) y el Servicio FIER, sin importar qué entidad sea responsable del pago.

Este cambio afecta positivamente a regímenes como:

• Régimen General

• Sistema Especial de Empleados del Hogar

• Sistema Especial Agrario por cuenta ajena

• Régimen Especial de los Trabajadores del Mar (por cuenta ajena)

Quedan excluidos, por el momento, profesionales taurinos, artistas, trabajadores autónomos (RETA y RETAMAR) y los incluidos en el Régimen Especial del Carbón.

Los datos se incluirán en los campos 1195, 1196 y 1197 del segmento IT2 del FIE, sin modificar la estructura actual del fichero. La información se enviará una vez al mes, tras la consolidación de las bases de cotización por la TGSS, y se espera un volumen mayor de registros hacia los días 12 o 13 de cada mes.

Aunque esta comunicación tendrá carácter informativo, se habilita un sistema de revisión en caso de discrepancias.

Gestión de discrepancias: herramienta ACRASS y nueva tipología BRIT

Para facilitar la resolución de posibles diferencias entre la base reguladora calculada por la empresa y la facilitada por el INSS, se ha incorporado el tipo de incidencia “BRIT – Base Reguladora IT” en el aplicativo ACRASS. Este recurso busca ofrecer una vía ágil y eficaz para resolver estos conflictos, reforzando la transparencia y trazabilidad en el proceso.

La reforma de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ha incorporado mediante el Real Decreto-ley 2/2025 una serie de artículos novedosos (35 bis a 35 quinquies) centrados en la protección del interés superior de la infancia y adolescencia migrante no acompañada.

Artículo 35 bis: Contingencia migratoria extraordinaria

Este artículo introduce un mecanismo legal para declarar una situación de emergencia migratoria cuando una comunidad o ciudad autónoma supera su capacidad de atención a menores extranjeros no acompañados (MENAs). Cuando se sobrepase tres veces la capacidad ordinaria, podrá activarse esta declaración en un plazo máximo de cinco días.

La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia es el órgano responsable de establecer los criterios, el plan de respuesta y la reubicación solidaria entre territorios.

Artículo 35 ter: Modelo de gestión de contingencias migratorias

Este artículo establece los criterios técnicos y objetivos para determinar cómo distribuir a los menores entre comunidades autónomas cuando se declara una contingencia migratoria.

Los factores utilizados incluyen:

• Población total

• Renta per cápita

• Tasa de paro

• Esfuerzo previo de acogida

• Capacidad estructural

• Realidades geográficas (como la insularidad o fronteras)

Artículo 35 quáter: Plan de respuesta solidaria

Este artículo regula los procedimientos prácticos y plazos de actuación una vez activada la situación de contingencia:

• Inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados en 24 horas.

• Traslado a otra comunidad autónoma en un máximo de 15 días.

• Intervención del Ministerio Fiscal para proteger los derechos del menor.

• Certificación con los datos del registro para el menor o su representante legal.

Este plan contempla tanto a menores con documentación como a indocumentados, incluyendo autopsias psicológicas y procedimientos de determinación de edad.

Artículo 35 quinquies: Criterios de aplicación del Plan de respuesta solidaria

Este artículo define los mecanismos de coordinación entre administraciones cuando no haya un acuerdo unánime. Detalla:

• Quién se encarga de reasignar tutelas y custodias.

• Comunicaciones entre consejerías, servicios autonómicos y el Ministerio Fiscal.

• Aplicación del régimen de tutela según la legislación civil.

• Participación de Diputaciones Forales en el País Vasco.

Disposición adicional undécima: Capacidad ordinaria de los sistemas de protección

Esta disposición establece cómo se calcula la capacidad ordinaria del sistema de acogida por comunidad autónoma, según criterios poblacionales y datos del Ministerio de Juventud e Infancia. Es clave para decidir cuándo una comunidad está sobreocupada.

Se incluye también:

• Un sistema de actualización anual por real decreto.

• El deber de las CCAA de remitir datos oficiales cada enero.

• La creación de un Fondo estatal de 100 millones de euros para compensar la sobreocupación.

• Limitación temporal de prórrogas y condiciones para la obligación de cumplimiento.

Disposición adicional duodécima: Límites a las decisiones estatales

Este apartado garantiza que ninguna comunidad o ciudad autónoma estará obligada a acoger menores si ya supera la media nacional de plazas por cada 100.000 habitantes, a menos que exista un acuerdo unánime en la Conferencia Sectorial.

Conclusión

La reforma introducida por el Real Decreto-ley 2/2025 refuerza el enfoque de protección a la infancia migrante no acompañada mediante un sistema solidario, coordinado y garantista, priorizando siempre el interés superior del menor. Esta actualización normativa es un paso decisivo hacia una gestión humanitaria y eficaz del fenómeno migratorio en España.

El Estatuto de los Trabajadores ha vuelto a ser modificado en materia de conciliación familiar y laboral. Con la reforma del artículo 48, apartados 4 y 5, sea amplían y reorganizan los permisos por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción y acogimiento, introduciendo importantes novedades tanto para familias biparentales como monoparentales.

1. Nacimiento y cuidado del menor

Hasta ahora, los permisos por maternidad y paternidad habían sido equiparados en 16 semanas. La nueva redacción amplía este derecho a 19 semanas para cada progenitor, con reglas específicas:

• Familias monoparentales: la persona única progenitora dispondrá de 32 semanas.

• Hospitalización del recién nacido: si el bebé debe permanecer ingresado más de 7 días, el permiso se amplía hasta un máximo de 13 semanas adicionales.

• Parto prematuro o complicaciones médicas: se permite iniciar el cómputo del permiso desde el alta hospitalaria.

• Fallecimiento del hijo: el permiso no se reduce, salvo que la persona trabajadora decida reincorporarse tras las seis semanas obligatorias.

• Fallecimiento de uno de los progenitores: el otro podrá acumular la totalidad o el resto del permiso.

Distribución del permiso

La suspensión del contrato se divide en tres bloques:
a) 6 semanas obligatorias inmediatamente posteriores al parto, a jornada completa.
b) 11 semanas (22 en monoparentalidad) que se pueden disfrutar de forma flexible, acumulada o interrumpida, hasta que el hijo cumpla 12 meses. La madre biológica puede anticipar hasta 4 semanas antes del parto.
c) 2 semanas (4 en monoparentalidad) hasta que el hijo cumpla 8 años.

Este derecho es individual e intransferible, y puede disfrutarse a jornada completa o parcial con acuerdo empresarial.

Un detalle relevante: el concepto de madre biológica incluye también a las personas trans gestantes.

2. Adopción, guarda y acogimiento

Los cambios en este ámbito siguen la misma lógica que en el nacimiento:

• Duración general: 19 semanas por cada adoptante, guardador o acogedor.

• Monoparentalidad: 32 semanas.

• Fallecimiento del menor: el permiso se mantiene, salvo renuncia tras las seis semanas obligatorias.

• Fallecimiento de una de las personas adoptantes/guardadoras: la otra podrá asumir la totalidad del permiso.

• Adopción internacional: se permite anticipar hasta 4 semanas antes del desplazamiento al país de origen del menor.

Distribución del permiso

a) 6 semanas obligatorias tras la resolución judicial o administrativa.
b) 11 semanas (22 en monoparentalidad) de uso flexible en los 12 meses posteriores.
c) 2 semanas (4 en monoparentalidad) hasta que el menor cumpla 8 años.

De nuevo, es un derecho individual e intransferible, con posibilidad de disfrute parcial o completo, siempre con preaviso de 15 días a la empresa.

3. Claves prácticas de la reforma

• Mayor duración y flexibilidad: se pasa de 16 a 19 semanas, con tramos adaptables a las necesidades familiares.

• Protección reforzada en monoparentalidad: hasta 32 semanas, equiparando los derechos de la única persona responsable.

• Ampliación en supuestos delicados: hospitalización prolongada, partos prematuros o fallecimientos.

• Conciliación real: se habilita el disfrute parcial o interrumpido, facilitando la compatibilidad con la vida laboral.

• Inclusión y diversidad: reconocimiento expreso de la gestación trans.

Conclusión

Esta reforma supone un avance significativo en conciliación e igualdad, ampliando la cobertura legal de las familias y adaptándola a distintas realidades. No obstante, plantea también retos prácticos para empresas en la organización de plantillas y posibles conflictos de interpretación en la aplicación flexible de los permisos.

La reciente Ley 1/2025, de 2 de enero, ha introducido importantes modificaciones en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que afectan directamente a la figura de los jueces de paz, al reparto de competencias en el orden penal y a la organización de las Salas de Gobierno de los principales órganos judiciales.

Consolidación de los jueces de paz

Uno de los puntos más destacados es la modificación del artículo 99 de la LOPJ, que garantiza que en todos los municipios sin Tribunal de Instancia exista un juez o jueza de paz con jurisdicción en el término municipal.

Esta medida preserva una figura con larga tradición en el derecho español, que asegura la presencia de la justicia en entornos rurales y localidades pequeñas, evitando así que el acceso a la justicia dependa del tamaño o ubicación del municipio.

Competencias penales en delitos leves

El nuevo artículo 100.2 delimita las competencias de los jueces de paz en el ámbito penal. Estos conocerán en primera instancia de los procesos por delito leve que les atribuya la ley y podrán intervenir en actuaciones de prevención penal o por delegación.

De este modo, se refuerza su papel como órgano judicial de proximidad, encargado de resolver los conflictos penales menores y de actuar como mecanismo preventivo en situaciones donde la intervención judicial resulta necesaria.

Reorganización de las Salas de Gobierno

La reforma también afecta a los artículos 106, 149 y 152 de la LOPJ, que regulan la estructura y funciones de las Salas de Gobierno.

• En el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, estas Salas estarán compuestas por sus presidentes, presidentes de Sala y un número equivalente de magistrados, configurando un órgano de dirección colegiada más equilibrado.

• En los Tribunales Superiores de Justicia, además de los presidentes de Sala y de Audiencia Provincial, se incorporan jueces y magistrados elegidos democráticamente por sus compañeros, garantizando la presencia también de jueces de base.

• Se incorpora como novedad la participación de los presidentes de Tribunales de Instancia liberados de tareas jurisdiccionales, reforzando la vinculación entre órganos de primera instancia y órganos de gobierno interno de la justicia.

• Cuando el número de miembros supere los diez, las Salas podrán funcionar en Pleno o Comisión, lo que aporta agilidad y operatividad a su funcionamiento.

Funciones ampliadas y mayor transparencia

La nueva regulación (arts. 152 y 159 LOPJ) amplía las funciones de las Salas de Gobierno:

1. Aprobación de las normas de reparto de asuntos entre salas, secciones y órganos judiciales dentro de cada comunidad autónoma.

2. Posibilidad de liberar de carga de trabajo, de forma motivada y temporal, a secciones o jueces concretos cuando las necesidades del servicio lo requieran.

3. Nombramiento directo de jueces y juezas de paz, reforzando su papel en la organización de la justicia local.

4. Supervisión de los planes de sustitución de jueces, que deberán remitirse al CGPJ para su aprobación definitiva.

5. Obligación de dar publicidad suficiente a los acuerdos de reparto, aumentando la transparencia y reduciendo la opacidad que tradicionalmente rodeaba estas decisiones internas.

Conclusión

La aprobación de la Ley 1/2025, de 2 de enero, supone un paso significativo en el proceso de modernización de la justicia española. Lejos de ser una mera reforma técnica, la norma refleja una apuesta clara por tres grandes ejes: proximidad, eficacia y transparencia. Su entrada en vigor es a los 3 meses de su publicación en el BOE, es decir, entra en vigor el 3 de abril de 2025.

En primer lugar, la reforma consolida la figura de los jueces de paz como herramienta imprescindible para garantizar que la justicia llegue a todos los rincones del territorio. En un contexto en el que muchos municipios carecen de Tribunal de Instancia, la continuidad de esta figura evita que exista una “justicia de primera” en las grandes ciudades y otra “de segunda” en entornos rurales. Al asignarles competencias claras en materia de delitos leves y actuaciones penales preventivas, se refuerza su papel como primera línea de contacto entre la ciudadanía y la Administración de Justicia.

En segundo lugar, la norma introduce un reordenamiento orgánico en las Salas de Gobierno de los más altos tribunales. Este rediseño busca equilibrar la representación de jueces y magistrados, dar entrada a nuevas realidades como los presidentes de Tribunales de Instancia liberados de funciones jurisdiccionales, y flexibilizar su funcionamiento mediante la posibilidad de constituirse en Pleno o Comisión. Todo ello responde a una lógica de gestión judicial más participativa y operativa, donde las decisiones no recaen únicamente en las cúpulas, sino que se abren a un mayor número de perfiles profesionales de la carrera judicial.

En tercer lugar, la reforma introduce mecanismos claros de eficiencia y transparencia. La obligación de publicitar los acuerdos de reparto de asuntos es una medida que contribuye a generar confianza en los ciudadanos, reduciendo la opacidad que tradicionalmente rodeaba a estas decisiones organizativas. Igualmente, la posibilidad de liberar temporalmente a un juez o una sección de carga de trabajo, siempre de forma motivada, muestra una sensibilidad hacia la gestión de recursos humanos dentro de la justicia, evitando el colapso de órganos y permitiendo una distribución más equilibrada de los asuntos.

En definitiva, la Ley 1/2025 no solo moderniza la letra de la LOPJ, sino que también envía un mensaje político y social: la justicia española debe ser cercana, comprensible y eficiente, sin renunciar a la seguridad jurídica y al rigor institucional. Es una reforma que, si bien habrá que observar en su aplicación práctica, apunta a un sistema judicial más adaptado a las necesidades reales de la sociedad y más consciente de que la confianza ciudadana se construye tanto en la gran sala de vistas como en el despacho del juez de paz de un pequeño municipio.

La Seguridad Social ha aclarado, a través del Boletín de Noticias RED n.º 11/2025, cómo se podrá disfrutar de las dos semanas adicionales de prestación por nacimiento y cuidado del menor (NYCM) a partir del 1 de enero de 2026.

¿A quién se aplica?

Estas dos semanas extra solo podrán disfrutarse si:

• El nacimiento, adopción o acogimiento ocurrió a partir del 2 de agosto de 2024

• El menor no ha cumplido aún 8 años

¿Cómo se podrán usar?

• De forma flexible, en periodos semanales, acumulados o interrumpidos

• Con un preaviso mínimo de 15 días al empleador

• La empresa deberá remitir el certificado correspondiente al INSS

• La solicitud se hará preferentemente online, a través del portal Tu Seguridad Social

¿Cómo queda la prestación por nacimiento y cuidado del menor?

Desde el 31 de julio de 2025, el permiso se estructura así:

• 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas tras el nacimiento o adopción

• 11 semanas adicionales de uso flexible hasta que el menor cumpla 12 meses

• 2 semanas extra para cuidado parental, utilizables hasta los 8 años (novedad efectiva en 2026)

En caso de familias monoparentales, el permiso se amplía hasta 32 semanas.

Para poder disfrutar de este derecho, el progenitor debe estar en alta o situación asimilada al alta en la Seguridad Social al inicio de cada periodo de disfrute (art. 178 LGSS).