En esta sección encontrarás ejemplos de situaciones comunes que nos pueden ocurrir a cualquiera: desde un accidente de tráfico hasta un problema con la Administración o un conflicto laboral. Nuestro objetivo es ofrecerte una guía práctica y orientativa sobre cómo están reguladas legalmente estas cuestiones y qué pasos básicos deben seguirse, siempre con un lenguaje claro y accesible.
Diez años después de los hechos, D. Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Sala que resolvió el caso de “La Manada”, ha recordado en una entrevista en la Cadena SER la importancia jurídica de aquella sentencia.
Los hechos ocurrieron durante los Sanfermines de 2016, cuando cinco hombres realizaron diversos actos sexuales sobre una joven de 18 años. La Audiencia Provincial de Navarra los condenó inicialmente por abuso sexual, al considerar que no concurría la violencia o intimidación exigida entonces para hablar de agresión sexual. El Tribunal Supremo corrigió esta interpretación en la STS 344/2019, de 4 de julio, y condenó a los acusados a 15 años de prisión por un delito continuado de violación.
Uno de los aspectos fundamentales fue reconocer la existencia de intimidación ambiental. La intimidación no requiere necesariamente amenazas expresas o violencia física: puede derivarse de las propias circunstancias, como la actuación conjunta de cinco hombres frente a una víctima de 18 años en un espacio reducido. La sentencia reforzó así una idea esencial: la ausencia de resistencia de la víctima no equivale a consentimiento.
El Supremo también destacó la responsabilidad de quienes, aunque no ejecuten materialmente cada acto sexual, contribuyen mediante su presencia y actuación a crear o mantener el escenario intimidatorio. El caso tuvo además una enorme influencia en el posterior debate legislativo sobre los delitos sexuales. Con la Ley Orgánica 10/2022, desapareció la distinción entre abuso y agresión sexual y el consentimiento pasó a ocupar el centro de la regulación penal.
Las palabras de Magro resultan especialmente relevantes porque permiten entender el razonamiento de uno de los magistrados que participó en una sentencia que marcó un antes y un después en la interpretación de los delitos contra la libertad sexual en España.
Estamos en plena época de vacaciones de verano y, con ella, llegan también muchas dudas: ¿puede la empresa decidir cuándo me voy de vacaciones?, ¿qué pasa si estoy de baja?, ¿debo cobrar lo mismo durante esos días?, ¿puedo perder las vacaciones si no las disfruto?
Conocer nuestros derechos laborales es fundamental para evitar problemas y saber cómo actuar ante determinadas situaciones. Por eso, repasamos de forma sencilla algunos de los aspectos más importantes sobre el derecho a vacaciones.
Todo trabajador tiene derecho, como mínimo, a 30 días naturales de vacaciones al año. El convenio colectivo o el contrato puede mejorar esta cifra, pero nunca reducirla. Las vacaciones son retribuidas y, mientras continúe la relación laboral, no pueden cambiarse simplemente por dinero.
Las fechas de vacaciones deben fijarse de común acuerdo entre empresa y trabajador, teniendo en cuenta lo que diga el convenio colectivo. Ni la empresa puede imponerlas libremente ni el trabajador puede decidir por su cuenta cuándo deja de ir a trabajar. Si existe desacuerdo, puede acudirse a la vía judicial.
La empresa debe tener un calendario de vacaciones y comunicar al trabajador las fechas que le corresponden al menos dos meses antes de que empiecen. Esto permite organizar viajes, conciliación familiar y demás cuestiones personales con suficiente antelación.
Solicitar vacaciones no significa automáticamente que estén concedidas. Si la empresa las deniega expresamente y el trabajador decide no acudir a trabajar igualmente, esas ausencias pueden llegar a ser sancionadas e incluso justificar un despido. Una denegación comunicada por WhatsApp o SMS también puede tener validez.
La empresa no debería dejar una petición de vacaciones sin contestar. La jurisprudencia ha considerado relevante que exista una denegación expresa antes de sancionar a un trabajador por ausentarse. Por eso es aconsejable solicitar las vacaciones por un medio que permita demostrar cuándo se pidieron y qué respondió la empresa.
Si las vacaciones coinciden con una incapacidad temporal, existe derecho a disfrutarlas posteriormente. En determinados casos pueden recuperarse incluso después de terminar el año al que correspondían, con el límite general de 18 meses desde el final de ese año cuando se trata de una baja por enfermedad.
Si las vacaciones coinciden con situaciones relacionadas con embarazo, parto, lactancia o determinados periodos de suspensión del contrato, pueden disfrutarse en otra fecha. Además, según doctrina reciente, el permiso parental de hasta ocho semanas no puede utilizarse para reducir las vacaciones anuales.
Las vacaciones son pagadas. Como regla general, el trabajador debe mantener una remuneración similar a la que percibe normalmente trabajando. Esto puede incluir determinados complementos, comisiones o conceptos variables cuando se cobran de forma habitual, aunque hay que revisar cada caso y el convenio aplicable.
Cuando finaliza la relación laboral y quedan días de vacaciones generados pero no disfrutados, estos deben aparecer compensados económicamente en el finiquito. Esta es una de las excepciones en las que las vacaciones sí pueden sustituirse por dinero.
Un trabajador a jornada parcial tiene derecho a los mismos días de vacaciones que uno a jornada completa. Por ejemplo, trabajar cuatro horas al día no convierte 30 días de vacaciones en 15. Lo que cambia normalmente es la retribución correspondiente a su jornada, no el número de días.
Las vacaciones son un derecho de descanso y no pueden reducirse como castigo disciplinario. La empresa podrá aplicar las sanciones previstas legalmente o en el convenio, pero no puede castigarte quitándote días de vacaciones.
Determinadas prácticas mantenidas por la empresa durante el tiempo pueden convertirse en una condición beneficiosa para los trabajadores. La doctrina recoge, por ejemplo, un caso en el que permitir disfrutar vacaciones hasta la semana de Reyes del año siguiente se consideró un derecho que la empresa no podía eliminar unilateralmente.
La coincidencia entre vacaciones, días festivos y descansos semanales depende de cómo estén reguladas las vacaciones y, especialmente, del convenio colectivo. Existe jurisprudencia reciente que protege el disfrute efectivo de determinados festivos, pero no es una regla automática aplicable de la misma manera a todos los trabajadores.
La empresa no puede limitarse a dejar que pasen los meses y después afirmar que las vacaciones se han perdido. Según la jurisprudencia recogida, debe facilitar su disfrute e informar de forma clara al trabajador de que determinados días podrían perderse si no los utiliza dentro del plazo correspondiente.
Estar de vacaciones no impide que la empresa comunique un despido. La empresa puede hacerlo durante ese periodo, aunque deberá cumplir igualmente los requisitos legales y formales exigidos para el tipo de despido correspondiente.
En conclusión, aunque existen unas reglas generales, en vacaciones resulta especialmente importante revisar el convenio colectivo aplicable, porque puede mejorar derechos, establecer sistemas de elección, regular días laborables o naturales y fijar condiciones específicas.
Con toda esta información desde Justicia Cercana os deseamos unas buenas vacaciones de verano!
La Comisión Europea comunicó el 24 de julio de 2026 sus conclusiones preliminares sobre TikTok, al considerar que la configuración de las cuentas de menores podría no garantizar el nivel de privacidad y seguridad exigido por la normativa europea. El procedimiento se inició formalmente en febrero de 2024 y todavía no existe una decisión definitiva de infracción. No obstante, el asunto resulta especialmente relevante porque el reproche no se centra en una publicación concreta, sino en el propio diseño de la plataforma y en la forma en que se configuran, localizan y recomiendan las cuentas de los usuarios menores de edad.
La Comisión cuestiona principalmente que TikTok permita a los menores configurar sus cuentas como públicas, haciendo posible que cualquier persona, incluso sin estar registrada en la plataforma, pueda acceder a sus contenidos. En el caso de usuarios de 16 y 17 años, además, sus publicaciones pueden aparecer recomendadas a terceros mediante el denominado «For You Feed». Según el criterio preliminar de la Comisión, este diseño aumenta el riesgo de contactos no deseados, ciberacoso y comportamientos depredadores. El problema tampoco desaparece totalmente con una cuenta privada, ya que los perfiles pueden seguir localizándose mediante listas de seguidores y las fotografías de perfil continúan siendo visibles para cualquier usuario. Para el supervisor europeo, estas características ofrecen a desconocidos una exposición excesiva de la vida digital del menor.
El fundamento jurídico se encuentra en el artículo 28 del Reglamento de Servicios Digitales, que obliga a las plataformas accesibles a menores a adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para asegurar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección. La interpretación de la Comisión apunta hacia un modelo de privacidad por defecto: las cuentas de menores deberían quedar configuradas inicialmente para que sus contenidos solo fueran visibles por usuarios previamente aceptados. También se plantea limitar la difusión de sus publicaciones fuera de TikTok y evitar que sean recomendadas masivamente mediante algoritmos. Esta actuación se suma a otros procedimientos contra grandes plataformas, como el iniciado frente a Meta por el posible diseño adictivo de Facebook e Instagram, y confirma una supervisión europea cada vez más centrada en la arquitectura e interfaz de los servicios digitales.
Por el momento, TikTok puede examinar el expediente y presentar alegaciones antes de que la Comisión adopte una resolución definitiva. Si las conclusiones preliminares fueran confirmadas, podría imponerse una sanción de hasta el 6 % del volumen de negocios anual global de la empresa. Más allá de la posible multa, el expediente transmite un mensaje importante para las empresas y sus sistemas de compliance digital: la protección de los menores no puede limitarse a políticas de privacidad o condiciones de uso. Debe incorporarse desde el diseño del servicio, revisando la visibilidad de los perfiles, los sistemas de recomendación, los mecanismos de verificación de edad y la difusión pública de contenidos. La seguridad de los menores se consolida así como una obligación estructural dentro de la economía digital europea.
La Comisión Europea considera, de forma preliminar, que determinadas funcionalidades de Instagram y Facebook podrían incumplir el Reglamento de Servicios Digitales. La investigación se centra en herramientas como el scroll infinito, la reproducción automática y la personalización de contenidos, diseñadas para mantener al usuario conectado durante más tiempo. Estas funciones podrían favorecer un uso excesivo o compulsivo de las plataformas, especialmente entre los menores de edad.
El Reglamento obliga a las grandes plataformas digitales a analizar los riesgos derivados del diseño de sus servicios y a adoptar medidas eficaces para proteger a los usuarios. La Comisión considera que los controles parentales, las herramientas de gestión del tiempo y las medidas informativas de Meta podrían resultar insuficientes. La protección debe ser efectiva en la práctica y no limitarse a mecanismos que puedan desactivarse fácilmente o que requieran conocimientos técnicos elevados.
El procedimiento todavía se encuentra en fase preliminar y Meta podrá presentar alegaciones y ejercer su derecho de defensa. Si finalmente se confirma el incumplimiento, la compañía podría enfrentarse a medidas correctoras y a multas de hasta el 6 % de su volumen de negocios anual mundial. Este caso demuestra que no solo el contenido publicado puede generar responsabilidad, sino también el propio diseño de las plataformas digitales.
NOVEDADES a fecha 27 DE JULIO DE 2026
La investigación europea contra Meta profundiza en la posibilidad de considerar el propio diseño de Instagram y Facebook como un riesgo sistémico. La Comisión analiza conjuntamente funcionalidades como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones y los sistemas de recomendación personalizados, al entender que pueden generar dinámicas de consumo compulsivo y los denominados efectos de «agujero de conejo». La preocupación es especialmente relevante respecto de los menores, debido a su mayor vulnerabilidad frente a mecanismos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia en las plataformas.
Desde el punto de vista jurídico, los artículos 34 y 35 del Reglamento de Servicios Digitales permiten exigir a las grandes plataformas que evalúen los riesgos derivados de sus interfaces y adopten medidas de mitigación realmente eficaces. Esto podría traducirse en cambios en la configuración predeterminada, mayores límites al scroll infinito o a la reproducción automática y modificaciones en los algoritmos de recomendación. No obstante, las conclusiones comunicadas continúan siendo preliminares: Meta podrá acceder al expediente y presentar alegaciones antes de que la Comisión adopte una decisión definitiva.
A principios de febrero, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 2/2026, que prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de determinados desahucios y lanzamientos de hogares vulnerables. La norma, además, dejaba fuera a los propietarios que tuvieran dos viviendas o menos, diferenciando así entre pequeños arrendadores y grandes tenedores.
Sin embargo, la medida no llegó a consolidarse. El Congreso rechazó la convalidación del decreto el 26 de febrero, por lo que aquella prórroga dejó de estar vigente.
Posteriormente, el Gobierno aprobó nuevas medidas urgentes relacionadas con la vivienda, entre ellas una posible congelación temporal de los precios del alquiler. No obstante, estas medidas no recuperan automáticamente la anterior moratoria antidesahucios y también deberán superar su correspondiente tramitación parlamentaria.
Actualmente no puede afirmarse que exista una suspensión general de los desahucios en los mismos términos que planteaba el decreto de febrero.
El BOE de 20 de mayo de 2026 ha publicado la reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española, que permitirá a Formentera elegir un senador propio. Hasta ahora, Ibiza y Formentera formaban una única circunscripción electoral para el Senado. Con esta reforma, ambas islas pasan a tener representación separada: Ibiza elegirá un senador y Formentera otro.
La nueva redacción establece que, en las provincias insulares, cada isla con Cabildo o Consejo Insular constituirá una circunscripción propia. Se mantienen tres senadores para las islas mayores —Gran Canaria, Mallorca y Tenerife— y uno para Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. La reforma ya está en vigor desde su publicación en el BOE, aunque sus efectos prácticos se aplicarán en las primeras elecciones al Senado que se convoquen tras dicha entrada en vigor.
Este cambio responde a la evolución institucional de Formentera, especialmente desde la creación de su propio Consejo Insular en 2007, y supone adaptar la representación territorial del Senado a la realidad actual de la isla.
La inteligencia artificial ya no es una promesa de futuro. Muchas empresas están incorporando herramientas de automatización, algoritmos y sistemas digitales para reorganizar tareas, reducir procesos manuales y cambiar la forma en que trabajan sus equipos.
En este contexto empieza a escucharse cada vez más una expresión: “transformación operativa”. Pero, jurídicamente, esta etiqueta no basta por sí sola para justificar un despido colectivo.
La pregunta clave es sencilla: ¿puede una empresa hacer un ERE por implantar IA aunque no tenga pérdidas ni haya reducido su facturación?
La respuesta es: sí, pero con matices importantes.
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido colectivo cuando concurren causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. Las pérdidas o la caída persistente de ingresos son relevantes cuando la empresa invoca una causa económica. Sin embargo, no son imprescindibles cuando el ERE se basa en causas técnicas, organizativas o productivas.
Por ejemplo, la implantación de IA podría justificar una causa técnica si introduce nuevos medios o herramientas de producción que sustituyen tareas antes realizadas por personas. También podría existir una causa organizativa si la empresa rediseña departamentos, centraliza funciones o modifica sus métodos de trabajo. Incluso podría haber causa productiva si cambia la demanda del mercado o la forma en que se prestan determinados servicios.
Ahora bien, no basta con decir que la empresa se está digitalizando.
La empresa deberá acreditar de forma clara:
qué tecnología se implanta;
qué procesos se automatizan;
qué funciones desaparecen o se reducen;
por qué determinados puestos dejan de ser necesarios;
y por qué el número de despidos es proporcionado.
Además, deberá aportar una memoria explicativa suficiente, documentación técnica y organizativa, criterios de selección objetivos y desarrollar un verdadero período de consultas con la representación de las personas trabajadoras.
También cobra especial importancia el deber de transparencia algorítmica del artículo 64.4.d) del Estatuto de los Trabajadores. Si la empresa utiliza algoritmos o sistemas de IA que afectan al empleo, a la selección de personas afectadas o a la reorganización de puestos, la representación legal debe recibir información sobre sus parámetros, reglas e instrucciones.
En definitiva, una empresa con beneficios puede promover un ERE vinculado a una transformación tecnológica, pero no puede utilizar la IA como una excusa genérica para reducir plantilla. La “transformación operativa” solo tendrá validez jurídica si se traduce en una causa ETOP real, acreditada, proporcional y conectada directamente con los puestos afectados.
Desde el 10 de abril de 2026 está en vigor la Ley Orgánica 1/2026, una reforma que modifica el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar una respuesta más clara a la multirreincidencia, especialmente en delitos como el hurto y la estafa. La reforma busca que quien comete pequeños delitos de forma repetida no reciba siempre la misma respuesta como si fueran hechos aislados.
¿Qué cambia?
Por un lado, se refuerza el tratamiento penal de los hurtos y estafas de menor cuantía. Hasta ahora, cuando la cantidad no superaba los 400 euros, estos hechos podían tratarse como delitos leves. Con la nueva regulación, si existe multirreincidencia, la respuesta puede ser más severa y aplicarse la pena del tipo no leve.
Por otro lado, también se retocan las reglas sobre reincidencia, suspensión de penas y agravantes, dejando claro qué antecedentes cuentan y cuáles no. En general, no computan los antecedentes cancelados o que debieran estar cancelados, pero sí se introducen excepciones cuando estamos ante supuestos agravados por multirreincidencia.
Más herramientas para los jueces
La reforma no solo toca las penas. También cambia la parte procesal.
Ahora, en fase de instrucción, se refuerza la posibilidad de adoptar medidas cautelares para evitar la reiteración delictiva, no solo para proteger a la víctima. Es decir, la justicia no solo mira lo que ya ha pasado, sino también cómo prevenir que vuelva a ocurrir.
Además, los ayuntamientos podrán ejercer la acción penal en determinados delitos de hurto, lo que amplía su papel en este tipo de procedimientos.
¿Desde cuándo se aplica?
La ley fue publicada en el BOE el 9 de abril de 2026 y entró en vigor el 10 de abril de 2026.
Y aquí está la clave jurídica importante: los hechos cometidos antes de esa fecha se juzgarán conforme a la ley vigente en el momento en que se produjeron, salvo que la nueva norma sea más favorable para el reo.
Esta reforma endurece la respuesta frente a la delincuencia repetida, especialmente en hurtos y estafas, y da a jueces y tribunales más instrumentos para frenar la reiteración.
Menos margen para convertir pequeños delitos en costumbre.
Más peso de la reincidencia.
Más herramientas procesales.
Con el inicio de la campaña de la renta, es importante conocer las principales opciones disponibles para presentar la declaración, así como las formas de pago en caso de que el resultado sea a ingresar. A través de los recursos habilitados, los contribuyentes pueden acceder a información sobre plazos, obligaciones, servicios de ayuda y novedades relevantes, facilitando así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de forma más sencilla.
La declaración puede presentarse por distintas vías, adaptadas a las necesidades de cada contribuyente. Entre ellas destacan la presentación online a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la app móvil, la atención telefónica o la asistencia presencial en oficinas, siempre con cita previa. Cada modalidad cuenta con sus propios requisitos de identificación y, en determinados casos, con limitaciones en función del resultado de la declaración.
En aquellos supuestos en los que el resultado sea a ingresar, existen diversas formas de efectuar el pago. El contribuyente puede optar por la domiciliación bancaria, el pago electrónico inmediato o el ingreso en entidad bancaria mediante documento de pago. Además, se han incorporado opciones más actuales como el pago con tarjeta o mediante plataformas digitales seguras como Bizum, lo que amplía las alternativas disponibles y agiliza el proceso.
Una de las opciones más relevantes es la posibilidad de fraccionar el pago sin intereses ni recargos. En este caso, el importe se divide en dos partes: un 60 % que se abona en el momento de presentar la declaración y un 40 % restante que se paga en una fecha posterior. Esta alternativa permite al contribuyente distribuir el impacto económico del impuesto, siempre que se cumplan los requisitos y plazos establecidos.
La campaña de la renta ofrece múltiples herramientas y facilidades tanto para la presentación como para el pago del impuesto. Conocer estas opciones resulta fundamental para evitar errores, aprovechar las ventajas disponibles y cumplir correctamente con las obligaciones tributarias.
Medidas fiscales urgentes frente a la crisis energética
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, introduce un conjunto de medidas fiscales dirigidas a mitigar el impacto económico de la crisis energética derivada del contexto internacional. Su objetivo principal es reducir la carga fiscal sobre productos energéticos esenciales y fomentar el ahorro y la eficiencia energética. La norma entró en vigor el 22 de marzo de 2026, aunque muchas de sus medidas tienen carácter temporal y están condicionadas a la evolución de los precios.
En el ámbito de los impuestos indirectos, se han aprobado importantes reducciones. Destaca la bajada del Impuesto sobre Hidrocarburos y del Impuesto sobre la Electricidad, así como la aplicación de un tipo reducido de IVA del 10 % a suministros como la electricidad, el gas o los carburantes. Estas medidas buscan aliviar el coste energético para consumidores y empresas, aunque su continuidad dependerá de la evolución del IPC en los próximos meses.
Por otro lado, se introducen incentivos fiscales en el IRPF y en el Impuesto sobre Sociedades para impulsar la transición energética. Se prorrogan deducciones por eficiencia energética en viviendas y por adquisición de vehículos eléctricos, y se crea una nueva deducción por instalaciones de autoconsumo renovable. Además, se amplían beneficios fiscales para empresas que inviertan en energías limpias o infraestructuras de recarga.
Finalmente, la norma incorpora medidas en tributos locales y otros impuestos, como bonificaciones en el IBI, el ICIO o el IAE vinculadas a instalaciones energéticas sostenibles, así como nuevas exenciones en transmisiones relacionadas con el ahorro energético. En conjunto, se trata de un paquete fiscal amplio que combina alivio inmediato de costes con incentivos estructurales hacia un modelo energético más eficiente y sostenible.
Cada año llega la campaña de la renta y muchas personas se preguntan qué es exactamente el IRPF y por qué deben presentar la declaración. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es un tributo que grava los ingresos que obtienen las personas a lo largo del año. Se trata de un impuesto personal y directo, lo que significa que se aplica teniendo en cuenta la situación económica de cada persona y también determinadas circunstancias personales y familiares. Además, sigue un principio de progresividad: quienes tienen mayores ingresos contribuyen en mayor medida.
Cuando se habla de renta no se hace referencia únicamente al salario. La ley entiende la renta de forma amplia e incluye distintos tipos de ingresos. Entre ellos se encuentran los rendimientos del trabajo, los ingresos procedentes del capital, los beneficios obtenidos por actividades económicas y las ganancias o pérdidas patrimoniales, como por ejemplo las que se producen al vender un bien. También existen determinadas rentas que la ley considera que deben imputarse aunque no se hayan percibido directamente.
Este impuesto afecta principalmente a las personas que tienen su residencia habitual en España. Para determinar esa residencia se tienen en cuenta distintos criterios, como el tiempo que una persona pasa en el país durante el año o el lugar donde se encuentra el centro principal de sus intereses económicos. En muchos casos también se presume que una persona reside en España cuando aquí viven su cónyuge o sus hijos menores de edad.
El IRPF se calcula normalmente tomando como referencia el año natural completo, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que el período puede ser más corto. Por ejemplo, cuando una persona fallece durante el año, el impuesto se calcula únicamente respecto al periodo transcurrido hasta esa fecha.
Otro aspecto importante es el momento en el que deben declararse los ingresos. Como regla general, los rendimientos del trabajo o del capital se declaran en el año en que pueden exigirse o cobrarse. Las ganancias o pérdidas patrimoniales, por su parte, se declaran en el momento en que se produce el cambio en el patrimonio, como puede ser la venta de una vivienda o de un activo. Existen también situaciones especiales en las que los ingresos se perciben con retraso o dependen de una resolución judicial, lo que puede hacer que deban declararse en un momento diferente.
En definitiva, la declaración de la renta es el procedimiento mediante el cual cada contribuyente comunica a la Administración tributaria los ingresos obtenidos durante el año para calcular el impuesto que corresponde pagar. Este sistema permite tener en cuenta tanto los distintos tipos de ingresos como las circunstancias personales de cada persona, con el objetivo de ajustar la carga fiscal a la capacidad económica de cada contribuyente.
La Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática establece un marco jurídico destinado a la recuperación, protección y difusión de la memoria democrática en España. Su objetivo principal es reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, así como reforzar el conocimiento histórico desde una perspectiva institucional. La norma se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, habituales en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos.
Entre sus aspectos jurídicos más relevantes destaca la declaración de nulidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos, religiosos o de conciencia durante ese periodo histórico. Además, la ley establece medidas de reconocimiento público, como la creación de días oficiales de homenaje a las víctimas y al exilio. También regula la retirada de distinciones, honores o símbolos que supongan una exaltación de la Guerra o la Dictadura dentro del ámbito institucional.
La norma incorpora además un régimen sancionador para garantizar su cumplimiento, con multas que pueden alcanzar hasta 150.000 euros en los casos más graves. Asimismo, introduce modificaciones en otras leyes, como la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que permite tramitar declaraciones judiciales sobre hechos históricos. Desde un punto de vista jurídico, la ley resulta interesante porque integra en el ordenamiento instrumentos legales de reparación, reconocimiento y gestión del patrimonio histórico dentro de una política pública de memoria democrática.
Cada revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) obliga a las empresas a analizar caso por caso cómo afecta a su plantilla. No siempre implica subir todos los salarios, pero sí exige comprobar que se respeta la garantía mínima establecida en el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el real decreto anual que fija su cuantía.
El primer paso es calcular el SMI en cómputo anual, incluyendo pagas extraordinarias. Después, debe determinarse el salario profesional anual real de cada trabajador, sumando salario base y todos los complementos salariales (antigüedad, puesto, productividad, etc.), pero excluyendo los conceptos extrasalariales como dietas o suplidos.
Si el salario anual es superior al SMI, la subida puede considerarse absorbida y no es obligatorio incrementar la retribución. Si es inferior, la empresa deberá ajustar el salario hasta alcanzar el mínimo legal, pudiendo hacerlo mediante revisión del salario base, incremento de complementos o creación de un complemento específico.
La negociación colectiva puede establecer límites o reglas específicas sobre compensación y absorción, pero no puede impedir que el trabajador alcance el SMI anual ni permitir la absorción de conceptos extrasalariales.
En definitiva, la subida del SMI no es automática ni uniforme: requiere un análisis técnico riguroso, respetando la estructura salarial y la doctrina jurisprudencial reciente. Una aplicación incorrecta puede generar reclamaciones salariales o conflictos laborales, por lo que conviene actuar con criterio y seguridad jurídica.
El Boletín Oficial del Estado de 19 de febrero de 2026 ha publicado el Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, una norma urgente aprobada tras los graves daños causados por inundaciones y fenómenos meteorológicos extremos entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, especialmente en Andalucía y Extremadura.
La norma entra en vigor el 20 de febrero de 2026 y supone una respuesta integral del Estado ante una situación excepcional vinculada al aumento de riesgos climáticos.
Pero ¿qué significa esto en la práctica para las personas afectadas? ¿Por qué se aprueba esta norma?
Tras las inundaciones y borrascas que provocaron importantes daños materiales y personales, el Consejo de Ministros declaró las zonas afectadas como “zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil”.
El objetivo del Real Decreto-ley es doble:
Dar una respuesta económica rápida a personas, empresas y ayuntamientos.
Adaptar la normativa a un contexto de riesgo climático cada vez más frecuente.
No se trata solo de reparar daños, sino de reforzar infraestructuras y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras emergencias.
Ayudas directas a personas afectadas
Fallecimiento o incapacidad
La ayuda por fallecimiento o incapacidad asciende ahora a 72.000 euros, ampliándose además el número de familiares que pueden beneficiarse y eliminándose el requisito de dependencia económica.
Se flexibilizan los requisitos para acreditar la titularidad de la vivienda y se eliminan los límites de ingresos.
Las cuantías máximas son:
Destrucción total: hasta 60.480 €
Daños estructurales: hasta 41.280 €
Daños no estructurales: hasta 20.640 €
Enseres domésticos: hasta 10.320 €
Elementos comunes en comunidades: hasta 36.896 €
Además, se elimina el límite del 50 % del daño valorado, lo que supone una mejora muy significativa respecto al régimen anterior.
También se incluyen los bienes necesarios para el teletrabajo.
Si una persona ha sido desalojada por orden de la autoridad, podrá recibir 150 euros por persona y día mientras no pueda volver a su domicilio.
Una de las novedades más importantes es la posibilidad de solicitar un anticipo de hasta el 50 % de la ayuda máxima, para facilitar liquidez inmediata
Apoyo a empresas y establecimientos
Los negocios afectados podrán recibir ayudas de hasta 36.896 € para cubrir daños no indemnizados por el seguro.
Si el Consorcio de Compensación de Seguros aplicó franquicia, podrá concederse una ayuda adicional.
Ayudas extraordinarias para el sector agrario y pesquero
El sector primario recibe un bloque específico de medidas:
Ayuda por pérdida de renta: hasta 25.000 € por explotación.
Cobertura del daño no cubierto por el seguro agrario.
Subvención de hasta el 70 % de la prima del seguro agrario.
Restauración urgente de caminos rurales e infraestructuras de riego.
Ayudas para armadores afectados en Málaga, Cádiz y Huelva.
Se reconoce además la situación como causa de fuerza mayor, lo que puede tener efectos importantes en obligaciones contractuales y administrativas.
Medidas para ayuntamientos e infraestructuras
Las entidades locales podrán recibir financiación de hasta el 100 % para:
Limpieza, evacuaciones y actuaciones de emergencia.
Reparación y reconstrucción de infraestructuras.
Redes de saneamiento y depuración.
Caminos, carreteras y ferrocarril.
Dominio público marítimo y cauces hidráulicos.
Se prevén créditos extraordinarios para Confederaciones Hidrográficas y ADIF.
Protección reforzada de consumidores
Se introducen medidas específicas para personas consumidoras:
Suspensión del plazo para ejercer el derecho de desistimiento.
Posibilidad de resolver contratos sin penalización si no pueden cumplirse por la emergencia.
Reembolso obligatorio en 30 días.
Aplicación expresa de la cláusula “rebus sic stantibus” en contratos de consumo.
No se aplica a préstamos y créditos vigentes.
Un marco integral frente al cambio climático
El Real Decreto-ley 5/2026 no es solo un paquete de ayudas económicas. Configura un modelo integral que combina:
Protección social.
Apoyo económico.
Defensa del consumidor.
Refuerzo de infraestructuras.
Adaptación al nuevo contexto climático.
Estamos ante una norma que refleja cómo el Derecho se adapta a una realidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
Inteligencia artificial en los tribunales: sanción por citar 48 sentencias inexistentes generadas con IA
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mediante auto de 10 de febrero de 2026, ha abordado una cuestión especialmente relevante para el ejercicio profesional en la actualidad: el uso negligente de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de escritos procesales.
El asunto surge a raíz de un recurso de apelación en el que el tribunal detectó múltiples irregularidades en las citas jurisprudenciales incluidas por la defensa. De las 52 resoluciones citadas en el escrito, únicamente 4 resultaron ser reales y verificables. El resto —incluido un supuesto informe atribuido al Consejo General del Poder Judicial— no existían. Posteriormente se comprobó que dichas referencias habían sido generadas mediante una herramienta de inteligencia artificial de suscripción, sin que el letrado hubiera verificado su autenticidad antes de incorporarlas al recurso. Ante la gravedad de los hechos, la Sala abrió una pieza separada para analizar posibles responsabilidades. Tras solicitar informe a la documentalista del Tribunal, se confirmó la inexistencia de la mayoría de las resoluciones citadas. El abogado, en sus alegaciones, reconoció lo ocurrido, asumió su responsabilidad y pidió disculpas, señalando que había confiado en la herramienta tecnológica utilizada.
El Tribunal calificó la actuación como una desatención grave de los deberes profesionales básicos, vulnerando el principio de buena fe procesal y el respeto debido al órgano judicial. La resolución subraya que, aunque las herramientas de inteligencia artificial pueden servir de apoyo en la práctica jurídica, en ningún caso sustituyen el deber de comprobación y supervisión del profesional. La responsabilidad última sobre el contenido de un escrito corresponde siempre al abogado que lo firma. Como consecuencia, se impuso al letrado una multa de 420 euros, valorando atenuantemente el reconocimiento de los hechos y la voluntad de rectificación. Asimismo, se acordó remitir testimonio al Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife a efectos disciplinarios.
El auto también hace referencia al impacto reputacional sufrido por el profesional, recordando que la difusión de la resolución se realizó conforme a los criterios de anonimización del Consejo General del Poder Judicial. No obstante, el tribunal reafirma que la publicidad y transparencia de las resoluciones judiciales forman parte esencial del Estado de Derecho. Este caso constituye un aviso claro para el sector jurídico: la tecnología no exime del cumplimiento de los estándares profesionales ni del rigor técnico exigible en el ejercicio de la abogacía.
Recomendación: La inteligencia artificial es una herramienta poderosa y útil, pero debe utilizarse con responsabilidad, criterio y conciencia profesional. Nunca sustituye el análisis jurídico, la verificación de fuentes ni el juicio crítico del abogado. La IA puede asistir, pero la responsabilidad siempre es humana.
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vuelve a subir. El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha sacado a audiencia pública el proyecto de Real Decreto que fija el nuevo SMI para 2026, con una propuesta de aumento del 3,1%, situándolo en 1.221 euros al mes en 14 pagas.
Esta medida, que aún puede recibir aportaciones hasta el 10 de febrero de 2026, busca mejorar las condiciones laborales de millones de trabajadores y seguir acercando España a los estándares marcados por la Carta Social Europea, que propone que el SMI alcance al menos el 60% del salario medio del país.
Remuneración mínima anual: 17.094 euros brutos para jornada completa.
Empleadas del hogar por horas: 9,55 € por hora trabajada.
Contratos temporales cortos: 57,82 € al día.
Este nuevo mínimo afecta a todos los trabajadores, sin importar su edad, contrato, sexo o sector: desde empleadas del hogar hasta trabajadores temporales.
Los sindicatos han aplaudido la medida, señalando que impactará positivamente en el consumo, reducirá la desigualdad salarial y reforzará el poder adquisitivo de más de 1,7 millones de personas asalariadas, muchas de ellas con empleos precarios o a tiempo parcial.
Sin embargo, las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) han mostrado su rechazo, alegando que la medida se ha pactado con los sindicatos sin una negociación formal con las patronales. Según su perspectiva, el incremento de costes podría afectar a la viabilidad de pequeñas empresas.
Este proyecto aún está en fase de audiencia pública. Cualquier persona puede presentar aportaciones hasta el 10 de febrero. Es un momento clave para participar en una decisión que tiene impacto directo en tu salario, en el tejido empresarial y en la economía del país.
Los patinetes eléctricos y otros vehículos similares se han convertido en protagonistas de la movilidad urbana. Son ágiles, sostenibles y fáciles de usar. Pero no por ello están al margen de la ley. El marco legal ha cambiado —y mucho— en los últimos meses. Tanto si ya eres usuario de un vehículo de movilidad personal (VMP), como si estás pensando en comprar uno, esto te interesa.
El pasado 30 de enero de 2026 entró en vigor el Real Decreto 52/2026, que crea oficialmente el Registro de Vehículos Personales Ligeros gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta nueva base de datos permitirá identificar, controlar y certificar patinetes y otros VMP en todo el territorio nacional.
Desde ahora, cualquier patinete que necesite certificado de circulación deberá estar inscrito en este registro, llevar etiqueta identificativa y contar con un seguro obligatorio de responsabilidad civil. Se trata de un paso decisivo para mejorar la seguridad, combatir el uso irregular y facilitar la gestión de accidentes y responsabilidades.
¿Qué se considera “Vehículo Personal Ligero”?
Patinetes y similares de una sola plaza, propulsados por motor eléctrico, que circulen a:
entre 6 y 25 km/h, si pesan menos de 25 kg.
entre 6 y 14 km/h, si superan ese peso.
Si tu patinete entra dentro de esos parámetros y está debidamente certificado, se considera un VMP y podrás seguir usándolo dentro del nuevo marco legal. Pero ojo: no todos los vehículos eléctricos ligeros están dentro de esa categoría.
El Tribunal Supremo lo ha dejado claro en su reciente sentencia (STS nº 944/2025): un patinete eléctrico que supere las velocidades o potencia permitidas para los VMP pasa a considerarse legalmente un ciclomotor.
Ese fue el caso juzgado: un usuario fue condenado por conducir sin carnet un patinete que alcanzaba los 45 km/h y tenía una potencia de 1900W. Aunque su aspecto era el de un simple VMP, la normativa no se guía por la apariencia, sino por las características técnicas. La consecuencia: requería permiso de conducir, seguro, matriculación y uso obligatorio de casco.
Este criterio no es nuevo. Ya en 2020, un caso similar en la Audiencia Provincial de Cáceres concluyó lo mismo. Si tu patinete entra dentro de la categoría L1e-B del Reglamento (UE) 168/2013, necesitas al menos el permiso AM para conducirlo legalmente.
Si tu patinete supera los 25 km/h o tiene más de 1000W de potencia, no es un VMP y probablemente sea considerado un ciclomotor.
En ese caso, necesitas permiso de conducir, matrícula, seguro y casco.
Si no cumples estos requisitos, puedes incurrir en un delito contra la seguridad vial.
El nuevo registro nacional de VPL busca identificar y controlar los VMP legales para evitar fraudes, accidentes sin cobertura y vacíos legales.
El Real Decreto 52/2026 marca un antes y un después. Por primera vez, se articula un sistema nacional que da coherencia al uso de estos vehículos y refuerza los derechos y deberes de sus usuarios. Además, sentencias como la del Tribunal Supremo advierten: el desconocimiento de la norma no exime del cumplimiento legal.
Ya no basta con comprar un patinete en Internet y circular por la ciudad. Ahora, debes saber qué estás conduciendo y si entra en los parámetros legales de un VMP o se trata de un ciclomotor.
El registro obligatorio y la diferenciación clara entre VMP y ciclomotores evitan confusión, refuerzan la seguridad vial y dan garantías tanto a usuarios como a peatones y autoridades. También permiten integrar estos vehículos en el sistema legal y asegurador, sin dejar cabos sueltos.
En un mundo cada vez más conectado, donde interactuamos a diario con bancos online, redes sociales, asistentes virtuales y decenas de plataformas digitales, la suplantación de identidad se ha convertido en uno de los riesgos más graves y comunes de la era tecnológica. Y lo peor es que nadie está completamente a salvo.
Gracias al avance de tecnologías como la inteligencia artificial, la clonación de voz o los sistemas automáticos de ataque, los ciberdelincuentes ya no necesitan piratear ordenadores complejos. Basta con que alguien haga clic en un enlace falso, conteste una llamada sospechosa o no proteja bien su número de teléfono.
Es cuando alguien se hace pasar por ti en internet —ya sea con tu nombre, tu número de teléfono, tu cuenta bancaria o incluso tu voz— para obtener algo: dinero, información o simplemente causar daño. Puede suceder de muchas formas, desde fraudes bancarios hasta publicaciones ofensivas en redes sociales usando tu imagen o tu cuenta.
No se trata solo de una cuestión tecnológica. También tiene consecuencias legales, personales y económicas muy serias.
1. Voice hacking (clonación de voz y llamadas falsas)
Los delincuentes pueden usar inteligencia artificial para imitar tu voz con total precisión. Así, llaman a tus familiares, empleados o incluso a tu banco, fingiendo ser tú. También pueden engañar a asistentes de voz (como Alexa o Siri) para dar órdenes sin autorización.
2. Spoofing
Es una técnica que consiste en hacer que algo falso parezca real. Por ejemplo, un correo electrónico que parece de tu banco pero es fraudulento. Si haces clic y das tus datos, ya tienen acceso a tus cuentas. Puede hacerse por email, SMS, webs falsas o incluso direcciones IP falsas.
3. Vishing (phishing telefónico)
El vishing es cuando alguien te llama fingiendo ser del banco o de una empresa conocida, y te pide códigos o contraseñas haciéndote creer que hay una operación fraudulenta. En realidad, el fraude lo están cometiendo en ese momento.
4. SIM swapping
Una técnica muy peligrosa: duplican tu tarjeta SIM suplantando tu identidad ante la compañía telefónica. Una vez tienen tu número, reciben tus mensajes, tus llamadas y tus códigos de verificación (como los SMS de acceso al banco).
5. Perfiles falsos en redes sociales
Puede que alguien cree un perfil con tus fotos y tu nombre para insultar, acosar o manipular a otros. También puede usarlo para contratar servicios o hacer compras en tu nombre. Los efectos pueden ser devastadores: acoso, daño psicológico, reputación dañada o incluso denuncias falsas.
La buena noticia es que la justicia ya está respondiendo a este tipo de delitos. En varios casos recientes, las audiencias provinciales han condenado a entidades bancarias a devolver el dinero robado a clientes víctimas de suplantación, cuando no han podido demostrar que hubo negligencia grave por parte del usuario.
También se han impuesto indemnizaciones por daños morales cuando la suplantación ha producido acoso, exclusión o humillaciones en redes sociales. En definitiva, hay protección legal, pero es clave actuar con rapidez, denunciar y conservar pruebas.
Aunque nadie puede garantizar estar 100 % protegido, sí puedes reducir enormemente el riesgo con buenas prácticas:
No des datos personales por teléfono, ni siquiera si parece que llama tu banco.
Desconfía de correos o mensajes que generen urgencia o amenazas.
Activa siempre la verificación en dos pasos en todas tus cuentas.
Revisa las URLs de las webs antes de introducir contraseñas.
Protege tu número de teléfono y evita exponerlo en sitios públicos.
Cambia contraseñas periódicamente y no uses la misma para todo.
Denuncia inmediatamente si crees que alguien ha accedido a tu identidad o tus datos.
La suplantación de identidad no es ciencia ficción. Es una amenaza real y cotidiana. Las formas más sofisticadas de ciberdelincuencia están al alcance de cualquiera con conocimientos técnicos mínimos y malas intenciones. Por eso, proteger tu identidad digital es tan importante como proteger tus llaves o tu cartera.
Y si ya has sido víctima: no estás solo. Existen mecanismos legales, jurisprudencia favorable y profesionales especializados para ayudarte a reclamar y reparar los daños.
La Dirección General de Tributos ha resuelto una de las dudas más comunes entre particulares que compran y venden criptomonedas: ¿hay que darse de alta en el IAE? ¿Cómo se declara en el IRPF?
La consulta vinculante V1543-25, de 26 de agosto de 2025, deja claro que si una persona física realiza compraventas de criptoactivos solo con fondos propios y sin estructura empresarial, no debe darse de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Esta actividad se considera gestión patrimonial, no actividad económica, por lo que no se activa el hecho imponible del IAE, según el artículo 79 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ahora bien, eso no exime de tributar por los beneficios obtenidos: cada compraventa o permuta de criptomonedas genera una ganancia o pérdida patrimonial que debe incluirse en la base del ahorro del IRPF.
¿Qué operaciones generan tributación?
Venta de criptomonedas a cambio de euros: tributa como una ganancia o pérdida patrimonial, calculada por diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición.
Intercambio entre criptomonedas distintas: se considera una permuta, que también constituye una alteración patrimonial sujeta a IRPF.
En ambos casos, el resultado se integra en la base del ahorro y debe declararse en el ejercicio fiscal correspondiente.
¿Qué reglas fiscales debes seguir?
Tributos recuerda dos aspectos clave:
Regla FIFO (first in, first out): cuando se venden unidades de una misma criptomoneda adquiridas en distintos momentos, se entiende que se transmiten primero las más antiguas.
Control documental: es imprescindible conservar los registros de fechas, importes y comisiones de todas las operaciones realizadas.
Esto cobra especial importancia ante la fungibilidad de las criptomonedas y la dificultad de trazar operaciones sin una contabilidad detallada.
¿Por qué es relevante esta consulta?
Porque miles de contribuyentes operan con criptoactivos como forma de inversión personal y hasta ahora existía incertidumbre sobre si esto conllevaba obligaciones fiscales empresariales. Esta aclaración de Tributos delimita claramente cuándo estamos ante una actividad económica y cuándo no, y establece cómo deben tributar las ganancias sin necesidad de alta en actividades profesionales.
En resumen, si compras y vendes criptoactivos por cuenta propia, no necesitas darte de alta en el IAE. Pero cada movimiento tributa, incluso si lo haces entre monedas virtuales. Controla tus operaciones y declara correctamente en el IRPF para evitar sorpresas con Hacienda.
El avance acelerado de las tecnologías digitales, la proliferación de redes sociales y el uso creciente de la inteligencia artificial han puesto en evidencia la necesidad de actualizar el marco legal de protección de derechos fundamentales. En respuesta a estos retos, el Gobierno ha dado un paso decisivo con la aprobación de un Proyecto de Ley Orgánica sobre el Derecho de Rectificación y la presentación de un Anteproyecto de Ley sobre la Protección Civil del Derecho al Honor, la Intimidad y la Propia Imagen.
Rectificación digital: más allá de los medios tradicionales
La futura ley sobre rectificación ampliará sustancialmente el ámbito de aplicación de este derecho, incorporando a su regulación a los medios digitales y a los usuarios influyentes en redes sociales, que deberán habilitar canales visibles para que cualquier persona pueda ejercer su derecho a corregir informaciones inexactas que le perjudiquen.
La propuesta también contempla plazos más amplios, mecanismos de solicitud simplificados y una tramitación judicial acelerada, lo que permitirá una protección más eficaz sin necesidad de recurrir a procedimientos largos y costosos.
Protección civil del honor en el entorno digital
Junto a esta reforma, el Gobierno planea actualizar la regulación sobre intromisiones en derechos fundamentales derivados del uso no autorizado de datos, imágenes o voz, especialmente en un contexto donde la inteligencia artificial puede replicar o manipular contenidos personales con enorme facilidad.
Entre los cambios previstos, se reforzará la necesidad de consentimiento específico para el uso de imagen o voz, se ampliará la legitimación para reclamar por vulneraciones post mortem, y se dotará de mayor protección a menores y colectivos vulnerables. Además, se prevé una revisión del régimen de indemnizaciones por daño moral, para evitar compensaciones simbólicas en casos de graves intromisiones.
Un marco adaptado a los nuevos riesgos digitales
Estas medidas forman parte de una estrategia legislativa orientada a reforzar los derechos de la ciudadanía frente a los nuevos desafíos tecnológicos, equilibrando el ejercicio de la libertad de expresión con la protección de la vida privada, la reputación y la dignidad personal.
El proceso legislativo apenas comienza, y será clave seguir su evolución para valorar hasta qué punto las normas finalmente aprobadas estarán a la altura del impacto real de las nuevas tecnologías en la esfera de los derechos fundamentales.
Si te interesa la regulación de la Inteligencia Artificial, te recomiendo leer:
El Estatuto de los Trabajadores (ET) reconoce una serie de permisos retribuidos a los que pueden acogerse las personas trabajadoras en diferentes situaciones personales, familiares y profesionales. A continuación, se recogen los principales supuestos regulados por ley, junto con su duración y características más relevantes.
Matrimonio o pareja de hecho
Duración: 15 días naturales.
Notas: Aplica tanto al matrimonio como al registro formal de pareja de hecho.
Accidente, enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica
Duración: 5 días.
Ámbito:
Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Pareja de hecho y sus familiares consanguíneos.
Personas convivientes que requieran cuidados efectivos.
Permiso por fuerza mayor familiar urgente
Duración: 4 días.
Notas: Puede disfrutarse por horas. Aplica a urgencias por enfermedad o accidente de familiares o convivientes (Art. 37.9 ET).
Fallecimiento
Duración: 2 días (4 si hay desplazamiento).
Ámbito: Cónyuge, pareja de hecho y parientes hasta segundo grado.
Traslado del domicilio habitual
Duración: 1 día.
Cumplimiento de deber inexcusable o ejercicio del voto
Duración: El tiempo indispensable.
Ejemplos: Donación de sangre, jurado, voto, renovación del DNI, asistencia a juicio, etc.
Exámenes (estudios oficiales)
Duración: Según convenio.
Notas: Aplica si se cursan estudios de forma regular y para título oficial.
Representación sindical y negociación colectiva
Duración: En función del número de trabajadores.
Ámbito: Comité de empresa, delegados de prevención, etc.
Normativa: Art. 68 ET y LOLS.
Búsqueda de empleo (en caso de despido objetivo)
Duración: 6 horas durante el preaviso (Art. 53.2 ET).
Desplazamientos temporales por causas organizativas
Duración: 4 días por cada 3 meses desplazados.
Condición: Cambio de residencia a otra localidad (Art. 40.6 ET).
Permiso por fenómenos meteorológicos extremos
Duración: Hasta 4 días (prorrogables).
Causa: Imposibilidad de acudir al trabajo por riesgos graves o prohibiciones de movilidad (Art. 37.3.g ET).
Cuidado del lactante
Duración: 1 hora diaria (divisible) o reducción de jornada.
Modalidades: Acumulación en jornadas completas.
Ampliable en caso de partos múltiples.
Permiso por nacimiento y cuidado del menor
Duración total: 19 semanas por progenitor (6 obligatorias + 11 flexibles + 2 de cuidado parental).
Monoparentales: Hasta 32 semanas.
Regulación: Art. 48 ET.
Prematuros u hospitalización tras parto
Derechos:
Ausencia de una hora diaria.
Reducción de jornada hasta 2 horas con ajuste salarial (Art. 37.7 ET).
Exámenes prenatales y preparación al parto
Duración: Tiempo indispensable si coinciden con la jornada laboral (Art. 37.3.f ET).
Adopción, acogimiento o guarda con fines de adopción
Duración: Tiempo indispensable para asistir a sesiones informativas y evaluaciones (Art. 37.3.f ET).
Formación profesional (con reserva de puesto)
Duración: 20 horas anuales (acumulables hasta 5 años).
Condición: Un año de antigüedad.
Derechos adicionales: Adaptación de jornada, prioridad de turno, asistencia a exámenes, etc. (Art. 23 ET).
Permiso para víctimas de violencia de género, sexual o terrorismo
Objetivo: Garantizar protección y acceso a asistencia integral.
Modalidades: Reducción de jornada, teletrabajo, adaptación horaria, etc. (Art. 37.8 ET y leyes especiales).
Donación de órganos
Duración: Tiempo indispensable para actos preparatorios si coinciden con la jornada (Art. 37.3.g ET y Ley 6/2024).
Una reciente resolución del Tribunal Supremo (STS n.º 1800/2025, de 9 de diciembre, ECLI:ES:TS:2025:5825 ) ha venido a reforzar una idea ya conocida, pero no siempre aplicada de forma uniforme: el propietario de un animal es responsable de los daños que este cause, incluso cuando la víctima haya intervenido en la situación de forma instintiva o preventiva.
En el caso concreto, una persona fue mordida por un perro de raza grande mientras intentaba proteger a su propio animal, un perro de pequeño tamaño que había cruzado la calle. La reacción del afectado —levantar a su mascota para evitar un ataque— fue clave en la dinámica del suceso, pues fue entonces cuando se produjo la mordedura que le causó una grave lesión en la mano.
Inicialmente, un juzgado reconoció la responsabilidad completa del propietario del perro agresor. No obstante, la Audiencia Provincial redujo la indemnización a la mitad, al considerar que el afectado también había contribuido al resultado lesivo. Este argumento se apoyó en la supuesta imprudencia del perjudicado, por haber intervenido en una situación de riesgo.
Sin embargo, el Supremo ha corregido esta interpretación. A través de un análisis detallado de los hechos y de la aplicación rigurosa del artículo 1905 del Código Civil, recuerda que la responsabilidad en estos casos es objetiva. Es decir, el dueño del animal debe responder por los daños causados, salvo que se acredite una fuerza mayor o una culpa exclusiva y determinante de la víctima, lo cual no sucedía en este caso.
El Alto Tribunal insiste en que reaccionar para proteger a un animal propio ante un riesgo inminente no puede considerarse conducta imprudente, sino una respuesta lógica. Además, remarca que la verdadera causa del daño fue la falta de control y ausencia de medidas preventivas por parte del poseedor del perro (como el uso de bozal en razas potencialmente peligrosas).
Con ello, se descarta la concurrencia de culpas y se reafirma la responsabilidad total del dueño del animal agresor. El fallo sienta un criterio claro: la protección instintiva del perjudicado no rompe el nexo causal ni justifica una exoneración parcial de responsabilidad cuando el riesgo proviene claramente del animal.
Este tipo de decisiones judiciales refuerzan la seguridad jurídica en materia de tenencia de animales y subrayan la importancia de que los propietarios adopten todas las precauciones necesarias, especialmente con razas que pueden implicar un mayor nivel de riesgo.
El Real Decreto-ley 16/2025, de 23 de diciembre (BOE 24/12/2025), ha traído una noticia muy esperada: las personas que cobran el paro ya no estarán obligadas a presentar la declaración de la renta (IRPF) por el simple hecho de percibir prestaciones por desempleo.
A partir del ejercicio fiscal 2025 (declaración en primavera de 2026), esta obligación desaparece para millones de contribuyentes.
Hasta ahora, la Ley General de la Seguridad Social imponía esta exigencia, a pesar de que muchas personas desempleadas no superaban los mínimos que obligan a declarar según la normativa tributaria. El nuevo decreto elimina esa obligación expresamente:
Se suprime la letra k) de los artículos 271.1 y 299.1 del texto refundido de la LGSS.
A partir de ahora, solo la legislación fiscal (IRPF) determinará quién debe declarar, y no lo hará la Seguridad Social.
¿A cuántas personas afecta?
Según los datos oficiales, la medida beneficia directamente a unos 2,5 millones de contribuyentes, de los cuales el 75 % tenía ingresos por paro inferiores a 5.400 € anuales.
Esto significa que miles de personas que estaban obligadas a declarar solo por un requisito formal, aunque no tuvieran que pagar nada, ahora quedan liberadas de esa carga administrativa.
El Gobierno reconoce que esta obligación excedía el propósito original (facilitar información a la administración) y generaba:
Costes innecesarios para los ciudadanos.
Saturación administrativa para la Agencia Tributaria.
Riesgos de pérdida de deducciones (familiares, personales, etc.) por declaraciones erróneas o forzadas.
Ahora, la verificación de datos se hará automáticamente mediante el cruce de información entre administraciones, sin necesidad de que el contribuyente tenga que presentar la renta si no le corresponde.
Con este cambio, se pacifica el conflicto entre el derecho tributario y el derecho de la Seguridad Social. A partir de 2026, solo las normas fiscales dirán quién tiene que presentar la renta, sin interferencias de otras leyes.
Además, se refuerza la seguridad jurídica para los contribuyentes, se reduce la burocracia y se mejora la eficiencia administrativa.
Cada 22 de diciembre, la emoción del sorteo de la Lotería de Navidad llena hogares y oficinas en toda España. Pero tras la alegría inicial, surge una pregunta clave: ¿cuánto me retiene Hacienda si gano un premio?
Desde hace años, los premios importantes no están totalmente libres de impuestos. Te explicamos cuánto se tributa, cómo se calcula, y qué ocurre si compartes un décimo o resides en el extranjero.
Los premios de la Lotería Nacional tributan a través de un gravamen especial del 20 %, regulado por la LIRPF.
Los primeros 40.000 € están exentos.
Lo que exceda de esa cantidad tributa al 20 % directamente (sin pasar por la declaración del IRPF).
Ejemplo: Si te toca el Gordo (400.000 €), solo tributarán 360.000 €, con una retención automática de 72.000 €. Te quedarás con 328.000 € netos.
Si compras el décimo entre varios (amigos, familiares, empresas…), los 40.000 € exentos se reparten según el porcentaje que cada uno tenga.
Por ejemplo, si dos personas comparten un décimo al 50 %, cada una podrá aplicar una exención de 20.000 € y tributar solo si su parte del premio supera esa cifra.
Para evitar problemas, conviene dejar constancia por escrito de la titularidad compartida (por ejemplo, mediante Bizum con concepto, transferencia o documento firmado).
El impuesto se devenga cuando se cobra el premio, no cuando se celebra el sorteo. Así que si te toca el 22 de diciembre pero lo cobras en enero, la tributación será en el año siguiente.
Y si el premio se paga en especie, se calculará el valor de mercado, aplicando igualmente la exención.
No. Este gravamen es independiente del IRPF. No tienes que incluir el premio ni la retención en tu declaración de la renta.
Solo tendrás que presentar el modelo 136 si:
No te han practicado la retención
O el premio no supera los 40.000 €, pero no es de los contemplados como exentos
En todos los demás casos, la retención ya se aplica automáticamente y no necesitas hacer nada más.
Los no residentes también tributan por este gravamen si ganan en la Lotería Nacional. El impuesto es el mismo (20 % sobre lo que exceda de 40.000 €) y se aplica aunque no vivan en España. En algunos casos, se podrá solicitar devolución si hay un convenio de doble imposición con el país de residencia (modelo 210).
Ganar un premio de la Lotería de Navidad no significa llevarse el total. Hacienda se queda el 20 % de lo que supere los 40.000 €, aunque no tengas que declararlo en tu IRPF. Si compartes un décimo o resides fuera de España, es importante saber cómo tributa tu parte y si puedes acreditar correctamente tu titularidad.
El Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 1733/2025, de 27 de noviembre, ha dejado claro que los bancos no son responsables si un cliente ordena una transferencia a un IBAN erróneo, incluso si el nombre del beneficiario no coincide con el titular de la cuenta.
El caso
Una empresa transfirió más de 15.000 euros a un proveedor, usando un IBAN recibido por correo fraudulento. El banco ejecutó la transferencia correctamente según el número de cuenta (IBAN), pero el dinero no llegó al destinatario real.
Aunque en segunda instancia la Audiencia Provincial dio la razón al ordenante y condenó al banco, el Tribunal Supremo ha revocado esa decisión.
¿Qué dice la ley?
El Supremo se apoya en:
El art. 59 del Real Decreto-ley 19/2018
La Directiva (UE) 2015/2366
Jurisprudencia del TJUE
Estas normas indican que si la transferencia se realiza conforme al identificador único (IBAN), se considera válidamente ejecutada. El banco no está obligado a comprobar si el nombre del beneficiario coincide con el titular de la cuenta.
¿Y si el IBAN está mal?
Aunque la orden de pago incluya el nombre del beneficiario, no existe obligación legal de verificar su correspondencia con el IBAN. El banco solo debe hacer "esfuerzos razonables" para recuperar los fondos si hay un error, pero no asume responsabilidad por transferencias mal dirigidas.
Verifica siempre el IBAN antes de hacer una transferencia. Si te equivocas, el banco no responderá, aunque hayas puesto el nombre correcto.
Un error en un número puede costarte miles de euros… y la ley protege al banco.
Con la llegada de las fiestas navideñas, muchas empresas entregan cestas a sus empleados. Aunque pueda parecer un gesto sin implicaciones fiscales, lo cierto es que sí tiene consecuencias tanto para el empleador como para el trabajador.
Sí. Se considera una retribución en especie, según el artículo 42 de la Ley del IRPF.
Debe incluirse en la nómina y en la base de cotización.
La empresa debe practicar el ingreso a cuenta del IRPF correspondiente.
Se valora por su precio de mercado, tal como establecen las consultas vinculantes de Tributos (V1292-18 y V2982-17).
No está exenta ni por ser voluntaria ni por ser una costumbre.
Sí, si forma parte de los usos y costumbres, según la consulta vinculante V1905-15.
No hace falta que esté recogido en convenio colectivo.
También aplica a cenas de empresa u otras atenciones similares.
Debe justificarse el gasto y su finalidad profesional.
El IVA de las cestas no es deducible, ya que se consideran atenciones a empleados o clientes (art. 96 LIVA).
Sí es deducible el IVA de objetos publicitarios de escaso valor (menos de 200 €/año por destinatario) y con logotipo visible, como bolígrafos o calendarios.
En ese caso, se considera una ganancia patrimonial, y también tributa en el IRPF, aunque no como renta del trabajo.
La cesta de Navidad no es solo un regalo, también tiene consecuencias fiscales. Tanto empresas como trabajadores deben conocer su tratamiento para evitar sorpresas con Hacienda.
El Gobierno ha aprobado una segunda prórroga del Reglamento Veri*Factu, que pospone su entrada en vigor hasta 2027, lo que ha sido recibido con alivio por muchos autónomos y empresas. Sin embargo, este aplazamiento ha generado también críticas e incertidumbre, especialmente entre quienes ya habían hecho inversiones y adaptaciones técnicas para cumplir con la normativa en los plazos inicialmente previstos.
¿Qué implica esta prórroga?
Nueva fecha límite:
Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades: hasta el 1 de enero de 2027
Autónomos y otras personas físicas con actividad económica: hasta el 1 de julio de 2027
¿Y los proveedores de software?
Los programas de facturación deberán estar listos desde julio de 2025, salvo contratos de mantenimiento ya firmados, que también se ajustarán a 2027.
¿Qué pasa si ya te has adaptado?
Aunque algunas empresas ya trabajan con sistemas Veri*Factu, no están obligadas a mantenerlos activos durante todo el año si lo están usando en fase de pruebas. Podrán volver a sistemas antiguos, siempre que no se utilicen para emitir facturas, evitando así sanciones.
¿Y si todavía no me había adaptado?
Puedes seguir como hasta ahora, siempre que se convalide el Real Decreto-ley en el Congreso. Si no se aprueba, volverán los plazos anteriores (enero y julio de 2026).
Además, hay situaciones en las que Veri*Factu no es obligatorio:
Si no usas programas informáticos de facturación (por ejemplo, si lo haces en papel o Excel)
Si estás acogido al Suministro Inmediato de Información (SII)
¿Me pueden sancionar por tener un programa no adaptado?
Dependerá del uso. Tener un software antiguo no es sancionable si no se utiliza para emitir facturas. Pero si se detecta que el sistema aún permite emitirlas, la multa puede alcanzar los 50.000 € por ejercicio.
Aunque hay un año más de margen, Veri*Factu sigue adelante. Conviene planificar con tiempo y no confiarse, especialmente si aún no sabes si estás dentro del ámbito de aplicación o si te afecta el SII.
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deberán contar con la baliza V16 conectada para señalizar averías o emergencias en carretera. Así lo establece la normativa vigente, conforme al Real Decreto 159/2021, modificado en 2022, que marca un cambio relevante en materia de seguridad vial. Este nuevo dispositivo, además de emitir una luz intermitente para advertir al resto de conductores, envía automáticamente una señal geolocalizada a los sistemas de tráfico al activarse.
La buena noticia para los más preocupados por la privacidad es que, según ha confirmado la Agencia Española de Protección de Datos, la baliza no transmite datos personales, ni permite identificar al conductor, ni reconstruir sus trayectos. Solo comunica la ubicación del incidente y un identificador técnico, durante el tiempo en que está encendida. Además, la ley prohíbe expresamente que incorpore funciones adicionales o registre información una vez apagada. Esta medida, que busca evitar atropellos y mejorar la respuesta ante incidentes, representa un paso adelante en tecnología aplicada a la seguridad, sin sacrificar el derecho a la privacidad.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dado un paso significativo hacia la transformación digital con la publicación, el pasado 27 de mayo de 2024, de su Estrategia de Inteligencia Artificial (IA). Este documento marca una hoja de ruta clara para integrar la IA en sus procesos, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y calidad del servicio prestado al contribuyente, así como reforzar la lucha contra el fraude fiscal y aduanero.
Basándose en lo previsto en el artículo 96.1 de la Ley General Tributaria y en el Plan Estratégico 2024-2027, la Agencia subraya que el uso de la IA se realizará siempre con respeto a los principios de equidad, objetividad y legalidad. De hecho, el marco de actuación queda limitado por el ordenamiento jurídico vigente y bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA). La estrategia establece un modelo de gobernanza interno para los proyectos de IA, con una metodología que cubre todo el ciclo de vida de los sistemas: desde el diseño hasta la monitorización, garantizando la calidad de los datos y la minimización de sesgos.
Los pilares de esta estrategia incluyen:
Mejora del servicio al ciudadano mediante interfaces más eficientes.
Alineación con los principios institucionales, asegurando la intervención humana en decisiones automatizadas.
Fomento de la capacitación del personal, promoviendo su especialización en tecnologías emergentes.
Promoción de colaboraciones público-privadas para proyectos de innovación.
Además, se enfatiza un uso centrado en la persona, donde la IA se aplique de forma ética y con responsabilidad, sin sustituir nunca el juicio profesional de los funcionarios.
En la actualidad, no se está utilizando IA de forma determinante en los procedimientos de control o inspección tributaria. Solo se emplean herramientas de análisis predictivo en trámites iniciados por el contribuyente, y únicamente si su aplicación resulta beneficiosa para este. En fases de selección de contribuyentes, se recurre a técnicas de tratamiento masivo de datos, pero sin implicación directa de IA, ya que la decisión final sigue dependiendo del análisis humano.
El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, mediante el cual se crea un entorno controlado de pruebas (sandbox regulatorio) destinado a ensayar la aplicación práctica de la futura normativa europea sobre inteligencia artificial. Este entorno, que estará vigente por un máximo de 36 meses, o hasta que entre en aplicación directa el Reglamento europeo de IA, tiene como objetivo testar el cumplimiento de los requisitos que impondrá esta nueva regulación a los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto riesgo.
El Real Decreto se enmarca dentro del proceso de adaptación al Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, actualmente en fase de negociación en las instituciones europeas. Esta norma no regula la tecnología en sí, sino su aplicación en contextos que puedan implicar riesgos para la salud, seguridad o derechos fundamentales de las personas. España, en colaboración con la Comisión Europea, lanza así el primer sandbox regulatorio en la materia, con el propósito de generar evidencias prácticas y orientaciones que faciliten la futura implementación del Reglamento en territorio nacional.
Las humedades y filtraciones en viviendas y garajes son una de las consultas más frecuentes en derecho de la propiedad horizontal. La sentencia SJPI 507/2025 aclara un caso típico: filtraciones en una plaza de garaje provocadas por el mal estado de la terraza comunitaria de uso privativo.
El propietario de una plaza de garaje demandó a su comunidad de propietarios y a la aseguradora (Generali) tras sufrir filtraciones de agua cada vez que llovía. El origen estaba en la terraza de un piso superior, que actúa como cubierta del garaje.
En su demanda reclamaba:
La reparación de la terraza (1.500 €).
La indemnización por daños en la plaza de garaje (487,01 €).
La comunidad alegó que la responsabilidad era del vecino del piso, ya que había ampliado su vivienda en la terraza sin autorización, modificando desagües y sumideros. También defendió que la acción estaba prescrita porque había pasado más de un año desde los primeros daños.
El tribunal desestimó los argumentos de la comunidad y la aseguradora y declaró lo siguiente:
La terraza es un elemento común, aunque tenga uso privativo. Por tanto, la comunidad es responsable de su conservación, de acuerdo con el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH):
Tendrán carácter obligatorio los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes
La acción no está prescrita. El tribunal aplicó la doctrina del Tribunal Supremo (STS 14/09/2018), que diferencia entre responsabilidad extracontractual (plazo de 1 año) y obligaciones legales de conservación de la comunidad (plazo general de 5 años del art. 1964 CC).
Aunque el vecino hubiera hecho obras en la terraza, la comunidad nunca requirió su legalización ni adoptó acuerdos para exigir la reposición, por lo que no podía eximirse de responsabilidad.
Se condena a la comunidad de propietarios a realizar las obras de reparación necesarias y, junto a la aseguradora, a indemnizar al afectado con 487,01 €, más intereses.
Esta sentencia aclara varios puntos importantes:
Las terrazas de uso privativo son elementos comunes, y su mantenimiento corresponde a la comunidad, salvo mal uso probado del propietario.
El plazo de reclamación es de 5 años, no de 1, cuando se trata de incumplimiento del deber de conservación de la comunidad.
La aseguradora de la comunidad puede responder solidariamente si la póliza cubre daños por agua.
Si un vecino realiza obras sin permiso en elementos comunes, la comunidad debe actuar (requerimientos, acuerdos, incluso vía urbanística). Si guarda silencio, se presume consentimiento tácito.
Notifica por escrito a la comunidad en cuanto detectes daños.
Solicita informe pericial para acreditar el origen de la filtración.
Conserva pruebas: fotos, facturas de reparación, comunicaciones.
Reclama primero a la comunidad y a su seguro.
Si no hay respuesta, acude a los tribunales: la jurisprudencia suele proteger al afectado.
Conclusión
Si tienes filtraciones en tu vivienda o garaje provocadas por terrazas comunitarias de uso privativo, la responsabilidad suele recaer en la comunidad de propietarios, que debe reparar y responder de los daños, con el respaldo de su aseguradora.
En muchas familias pueden surgir conflictos graves que llevan a una pregunta muy delicada: ¿es legal que mis padres me deshereden? Aunque en España existe el principio de la legítima hereditaria, la desheredación sí es posible, pero únicamente en casos muy concretos y cumpliendo una serie de requisitos legales estrictos.
Desheredar a un hijo significa privarle de su derecho a la legítima, es decir, de la parte mínima de la herencia que le correspondería como heredero forzoso. Esta figura está regulada en los artículos 848 y siguientes del Código Civil.
Importante: No se puede desheredar por cualquier motivo. Solo es posible si se dan las causas expresamente previstas en la ley y se cumplen los requisitos formales.
Artículo 849: “La desheredación solo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde.”
No vale con una carta, ni con una manifestación verbal. Debe constar expresamente en el testamento y mencionar la causa concreta prevista en el Código Civil.
Artículo 848: “La desheredación solo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.”
No basta con una mala relación personal. La ley limita los motivos a ciertos comportamientos graves que hayan afectado al testador.
Las causas más frecuentes por las que un padre puede desheredar a un hijo son:
Negar alimentos al padre o madre sin motivo justificado.
Maltrato de obra (físico) o injurias graves de palabra.
También aplican las causas de indignidad para heredar del artículo 756 del Código Civil, como:
Atentar contra la vida del testador.
Acusarlo falsamente de un delito grave.
Obligarle a hacer o modificar testamento bajo amenaza.
Artículo 850: “La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare.”
Si el hijo desheredado impugna judicialmente la desheredación, los herederos tendrán que demostrar que la causa es real y justificada. Si no pueden probarlo, la desheredación será inválida y el hijo recuperará su parte de la legítima (art. 851).
Artículo 856: “La reconciliación priva al testador del derecho de desheredar.”
Si hubo una reconciliación real entre el padre y el hijo, aunque la causa fuera cierta, la desheredación pierde su validez.
Artículo 857: “Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.”
Aunque el hijo haya sido desheredado, sus propios hijos (los nietos del testador) sí conservan su derecho a la legítima, es decir, no se ven afectados por la desheredación de su progenitor.
Tus padres solo pueden desheredarte si cumplen estrictamente lo previsto en la ley. Deben hacerlo mediante testamento, alegando una causa legal y, si tú la niegas, deben probarla. De lo contrario, la desheredación puede ser anulada judicialmente.
En cualquier caso, la desheredación no afecta a tus hijos, quienes seguirán teniendo derechos hereditarios.
Muchos propietarios de fincas rústicas o parcelas urbanas se preguntan si tienen derecho a seguir usando un camino de paso que atraviesa una propiedad vecina y que han utilizado durante décadas. Esta situación es más común de lo que parece y tiene una respuesta jurídica clara en el Código Civil español.
La servidumbre de paso es un derecho real que permite al propietario de una finca (predio dominante) cruzar por una finca ajena (predio sirviente) para acceder a un camino público.
Según el artículo 564 del Código Civil, cuando una finca queda enclavada (sin salida), su dueño tiene derecho a exigir un paso, pagando la indemnización correspondiente:
“El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.”
Aquí entra en juego la llamada servidumbre por prescripción o usucapión. Si se ha utilizado ese paso pacíficamente, sin interrupciones, de forma pública y continua durante al menos 20 años, se puede considerar adquirida aunque no conste por escrito ni esté inscrita.
No, salvo que ya no exista necesidad legal de la servidumbre.
Según el artículo 568 del Código Civil, si tu finca deja de estar enclavada (por ejemplo, porque compras otra parcela con salida directa o se abre un camino público), el dueño del predio sirviente puede pedir la extinción de la servidumbre.
Mientras tu propiedad siga sin acceso directo a la vía pública, tu vecino no puede cerrarte el paso de forma unilateral.
Recopila pruebas del uso: fotos, testigos, recibos, planos, etc.
Solicita el reconocimiento judicial de la servidumbre (legal o por prescripción).
Si hay conflicto, puedes interponer una acción declarativa de servidumbre o una acción de tutela posesoria si se trata de un despojo reciente.
Si llevas 30 años usando un camino de paso por la finca de tu vecino sin interrupciones, y tu propiedad sigue sin acceso directo a un camino público, ese paso podría estar legalmente protegido como servidumbre.
Tanto si se trata de una servidumbre legal (por predio enclavado) como de una servidumbre adquirida por el uso, tu vecino no puede negarte el paso arbitrariamente.
Imagine que usted es Marta, ingeniera informática que lleva diez años trabajando en Berlín. Una empresa tecnológica española le ofrece un contrato en Madrid con muy buenas condiciones y decide trasladarse con su familia. Tras consultar, descubre que al llegar a España puede optar por el régimen fiscal especial del artículo 93 de la Ley del IRPF, conocido popularmente como el “régimen Beckham”.
El artículo 93 permite que quienes se trasladen a España y adquieran la residencia fiscal puedan tributar como si fueran no residentes, aunque en realidad son residentes a efectos de IRPF.
Esto significa que:
Sus rentas tributan conforme a las reglas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
Solo se tienen en cuenta las rentas obtenidas en España (con excepciones en actividades emprendedoras o altamente cualificadas).
Se aplica un tipo fijo:
24 % hasta 600.000 €.
47 % a partir de esa cifra.
Para las rentas del ahorro (intereses, dividendos, etc.), la escala es progresiva: del 19 % al 30 %.
El régimen dura el año del traslado y los cinco siguientes.
Además, el régimen puede extenderse al cónyuge y a los hijos menores de 25 años (o con discapacidad) si cumplen ciertos requisitos.
Volviendo al caso de Marta, ella puede acogerse a este régimen siempre que:
No haya residido en España en los últimos 5 años.
Su traslado se produzca por contrato laboral, por ser administradora de una entidad, por actividad emprendedora o como profesional altamente cualificado (en su caso, contrato laboral).
No obtenga rentas mediante establecimiento permanente en España (salvo excepciones específicas).
Para Marta, la principal ventaja es la tributación fija al 24 % de sus ingresos laborales, que resulta muy atractiva si su salario es alto. No obstante, hay límites importantes:
No podrá aplicar deducciones ni reducciones propias del IRPF ordinario.
Tributa por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.
El régimen es temporal: máximo 6 años.
El artículo 93 de la Ley del IRPF ofrece un incentivo fiscal potente para atraer talento internacional, profesionales cualificados, emprendedores e inversores. Si usted se desplaza a España por trabajo o emprendimiento, este régimen puede suponer un ahorro relevante en su factura fiscal.
No obstante, no siempre compensa: si sus rentas del trabajo no son muy elevadas o si obtiene importantes ingresos fuera de España, puede que le convenga más tributar como residente ordinario.
Si usted reside en las Mallorca y se pregunta qué sucederá con su herencia, conviene conocer cómo regula esta materia la Compilación del Derecho Civil balear, especialmente tras la reforma de 2022.
La herencia, en Baleares, puede deferirse de tres formas:
Por testamento: usted dispone libremente de sus bienes para después de su fallecimiento.
Por contrato sucesorio: una institución muy propia del derecho balear, que permite pactar en vida quién heredará y en qué condiciones. Es habitual en entornos familiares o patrimonios rurales, aunque cada vez se utiliza más en todo tipo de contextos.
Por ley (sucesión intestada): solo entra en juego si no existe testamento ni contrato sucesorio.
En la práctica, si usted no hace testamento ni contrato sucesorio, será la sucesión intestada la que determine quién hereda. Ahora bien, debe tener en cuenta que, en Mallorca, la sucesión intestada es subsidiaria: la prioridad se concede al testamento y al contrato sucesorio.
La ley también contempla que, en determinados casos, una persona quede excluida de la herencia por su comportamiento. Son los llamados indignos para suceder.
Por ejemplo, no podrá heredar quien:
Atente contra su vida o le cause lesiones graves.
Le someta a delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual.
Sea privado judicialmente de la patria potestad o tutela sobre usted.
Le acuse falsamente de un delito grave.
Destruya o manipule su testamento.
Le abandone sin prestar los cuidados debidos si usted padece una discapacidad o necesita alimentos.
En estos casos, la ley entiende que no sería justo que esa persona recibiera parte de su patrimonio.
La indignidad debe declararse judicialmente a instancia de otro heredero u otra persona con interés. Además:
El plazo para ejercitar la acción es de cinco años desde que se conoce el hecho o desde que el indigno ha tomado posesión de los bienes.
Si existe un procedimiento penal, se debe esperar a que la sentencia sea firme.
Las mismas causas son válidas para que usted pueda desheredar expresamente a esa persona en su testamento.
Si usted vive en las Mallorca, debe saber que la ley le ofrece tres vías sucesorias: testamento, contrato sucesorio e intestada (solo en último término). Además, la normativa balear protege su herencia frente a conductas gravemente reprochables: no todos los herederos tienen derecho automático a heredar.
El conductor de un vehículo a motor es responsable civilmente de los daños que cause a otras personas o bienes como consecuencia de hechos de la circulación. Esto se conoce como responsabilidad por riesgo, y no se exige culpa directa para que exista obligación de indemnizar.
Este régimen especial se debe a que conducir un vehículo conlleva un riesgo objetivo, y quien lo crea debe asumir las consecuencias si ese riesgo se materializa en un daño.
Sí, pero de forma muy limitada. El conductor solo se librará de responsabilidad en caso de daños a personas si puede probar alguna de estas dos causas de exoneración:
Culpa exclusiva del perjudicado.
Fuerza mayor ajena a la conducción o al vehículo.
Ojo: No se considera fuerza mayor un fallo mecánico o defecto del vehículo. Estos supuestos no eximen de responsabilidad.
Cuando la víctima ha tenido una conducta imprudente que ha contribuido a causar o agravar el daño (por ejemplo, no llevar casco o cinturón), la indemnización se reducirá proporcionalmente, pudiendo rebajarse hasta un máximo del 75% en caso de culpa concurrente.
Sin embargo, hay excepciones:
Si la víctima es menor de 14 años o tiene una discapacidad que impida atribuirle responsabilidad, no se reduce la indemnización.
Tampoco puede exigirse responsabilidad civil a los padres, tutores o responsables legales, salvo que hayan actuado dolosamente.
Asimismo, la víctima debe cumplir con su deber de mitigar el daño. Si, por ejemplo, abandona un tratamiento médico sin justificación, y eso agrava sus lesiones, puede reducirse la cuantía de la indemnización.
La ley también contempla la responsabilidad del propietario no conductor en dos casos:
Responsabilidad por relación jurídica (art. 1903 CC y 120.5 CP)
El propietario responde si tiene relación laboral, familiar o de dependencia con el conductor, salvo que pruebe que actuó con la diligencia debida para evitar el daño.
Responsabilidad por falta de seguro
Si el vehículo no tiene el seguro obligatorio, el propietario responde solidariamente con el conductor, salvo que pruebe que el vehículo fue robado.
¿Cómo se calculan las indemnizaciones?
Las indemnizaciones por daños personales (muerte, secuelas, lesiones temporales) se calculan conforme a los criterios objetivos del Título IV de la Ley y a los límites del Baremo del Anexo del Real Decreto 8/2004.
Además, estas indemnizaciones tienen un tratamiento fiscal favorable: están exentas del IRPF, siempre que las pague una aseguradora o el Consorcio de Compensación de Seguros.
La responsabilidad civil derivada de un accidente de tráfico es objetiva, directa y muy estricta. El conductor, y en ciertos casos el propietario, deben responder por los daños causados, salvo contadas excepciones. Este sistema busca proteger eficazmente a las víctimas y garantizar que reciban una indemnización justa y rápida.
Por ello, es fundamental:
Conducir con diligencia.
Cumplir las normas de tráfico.
Disponer de un seguro en vigor.
Y, en caso de accidente, actuar con responsabilidad y buscar asesoramiento legal.
El convenio regulador es un documento jurídico en el que los cónyuges acuerdan las medidas que regirán sus relaciones personales y patrimoniales tras la separación o el divorcio. Es un requisito indispensable cuando el proceso se realiza de forma consensuada, ya sea ante el juez, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario, según lo establecido en los artículos 81, 82, 87 y 90 del Código Civil.
La finalidad del convenio regulador es garantizar la seguridad jurídica en las consecuencias de la ruptura matrimonial. A través de él, se evita la judicialización de conflictos posteriores, se regulan de forma clara las obligaciones de cada cónyuge y se protege el interés superior de los hijos menores, si los hubiera.
Además, permite a los cónyuges participar activamente en la regulación de su nueva realidad familiar, favoreciendo un clima de entendimiento y colaboración.
El artículo 90 del Código Civil establece el contenido mínimo del convenio regulador, que incluirá, siempre que sea aplicable, los siguientes puntos:
Guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas y estancia con el progenitor no conviviente.
Ejercicio de la patria potestad y, si procede, régimen de visitas de los abuelos.
Destino de los animales de compañía, incluyendo reparto de tiempos y responsabilidades.
Atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
Contribución a las cargas del matrimonio y pensión de alimentos.
Liquidación del régimen económico matrimonial.
Pensión compensatoria, si corresponde, conforme al artículo 97 del Código Civil.
La forma de presentar el convenio regulador depende de la vía elegida para la separación o el divorcio:
Cuando existen hijos menores no emancipados o mayores con medidas de apoyo atribuidas judicialmente a los progenitores, es obligatorio acudir al juzgado. El convenio se presenta junto a la demanda de separación o divorcio y debe ser aprobado por el juez, quien valorará si protege adecuadamente los intereses de los hijos y de los cónyuges.
Si no existen hijos menores o en situación de especial protección, los cónyuges pueden acudir directamente a estas figuras. El convenio regulador se formaliza en escritura pública y surte los mismos efectos legales que una sentencia judicial. Ambos cónyuges deben comparecer personalmente y estar asistidos por un abogado.
El convenio regulador suele ser redactado por el abogado o abogados que asisten a los cónyuges. Puede tratarse de un letrado de confianza común o, si las partes lo desean, cada uno puede contar con su propia representación.
Es fundamental que el texto sea claro, preciso y respete el marco legal. En caso de que existan hijos o bienes complejos, se recomienda encarecidamente la intervención de profesionales con experiencia en derecho de familia.
En procedimientos judiciales, el convenio debe ser aprobado por el juez, quien podrá rechazarlo si considera que alguna de sus cláusulas es perjudicial para uno de los cónyuges, los hijos o incluso para los animales de compañía.
En procedimientos ante notario o letrado de la Administración de Justicia, estos también pueden rechazar el documento si aprecian perjuicio grave en las medidas acordadas, dando por terminado el expediente y remitiendo el asunto al juez competente.
Una vez aprobado, el convenio puede ejecutarse judicialmente por la vía de apremio si alguna de las partes incumple. Además, puede modificarse si cambian las circunstancias personales, familiares o económicas, tanto por acuerdo entre los cónyuges como por resolución judicial.
El convenio regulador no es un simple trámite, sino un instrumento jurídico esencial que marca el futuro de las relaciones familiares tras una separación o divorcio. Su correcta redacción y aprobación garantiza la protección de todos los miembros de la familia y permite afrontar esta etapa con mayor estabilidad y seguridad.
En estos supuestos entra en juego un principio fundamental de nuestro ordenamiento: la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por los daños que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, desarrolla este principio en su artículo 32, donde se reconoce que:
La Administración debe indemnizar cuando el daño se deba al funcionamiento normal o anormal de un servicio público (por ejemplo, conservación de carreteras).
El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
No se indemnizan daños que el ciudadano tenga el deber jurídico de soportar o que provengan de hechos imprevisibles o inevitables.
El artículo 34 concreta que la indemnización se calculará con criterios objetivos (baremos de tráfico, seguridad social, mercado, etc.), y solo cuando el daño no sea algo que la persona deba asumir.
Finalmente, el artículo 36 permite que, una vez pagada la indemnización, la propia Administración reclame internamente a la autoridad o funcionario responsable si hubo dolo, culpa o negligencia graves.
Imaginemos que un motorista sufre una caída porque en una carretera autonómica existe un socavón profundo, sin señalizar, que llevaba meses sin reparar. En este caso, el servicio público de conservación de carreteras (que depende de la Administración provincial o autonómica) ha funcionado mal.
El lesionado tendría derecho a reclamar:
Que el daño es real y cuantificable (lesiones, daños materiales, lucro cesante).
Que existe una relación directa de causalidad entre el mal estado de la vía y el accidente.
Que no existe fuerza mayor ni culpa exclusiva del conductor (por ejemplo, si iba a gran velocidad o bajo los efectos del alcohol, la responsabilidad se rompería).
El afectado debe presentar una reclamación administrativa ante la Administración responsable de la vía (Diputación, Comunidad Autónoma, o incluso el Estado en caso de carreteras nacionales).
Debe aportar pruebas: atestado policial, informes periciales, fotos del estado de la carretera, testigos, etc.
Si la Administración rechaza la reclamación, se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Baches no reparados que provocan la pérdida de control del vehículo.
Señalización inexistente o defectuosa en un cruce peligroso.
Carreteras con hielo o gravilla sin que se hayan adoptado medidas preventivas razonables.
Guardarraíles peligrosos que agravan las lesiones de un motorista.
Conclusión
La responsabilidad patrimonial de la Administración garantiza que los ciudadanos no tengan que asumir los daños sufridos por el mal funcionamiento de un servicio público, como es la conservación de carreteras.
Ahora bien, no todos los accidentes en vías públicas generan automáticamente derecho a indemnización: es necesario demostrar que el siniestro se debió directamente a una omisión o negligencia en el mantenimiento de la vía y que el daño no es fruto de una fuerza mayor o de la imprudencia del conductor.
La reflexión es clara: si exigimos a los ciudadanos responsabilidad al volante, también debemos exigir a las Administraciones que garanticen carreteras seguras.
En el ámbito jurídico, los contratos constituyen una herramienta fundamental para establecer acuerdos y obligaciones entre partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de ellas no cumple lo pactado? El Código Civil español proporciona una estructura clara y detallada para entender las consecuencias del incumplimiento contractual, protegiendo así los derechos de las partes afectadas.
El artículo 1254 del Código Civil establece que el contrato nace en el momento en que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar algo o prestar un servicio. En otras palabras, el consentimiento mutuo da origen a obligaciones jurídicas exigibles.
Asimismo, el artículo 1258 dispone que el contrato obliga no solo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que se derivan de la buena fe, el uso y la ley. Esto significa que incluso si una cláusula no aparece de forma literal, su cumplimiento puede exigirse si se deduce de la naturaleza del acuerdo.
Los contratantes gozan de amplia libertad para establecer las condiciones del contrato (art. 1255 CC), pero siempre dentro de los márgenes legales: no pueden pactarse cláusulas contrarias a la ley, la moral o el orden público.
Además, el artículo 1256 prohíbe dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de una sola parte, lo cual garantiza el equilibrio entre los contratantes y evita abusos.
El incumplimiento de un contrato puede darse de diversas formas: no realizar la prestación, hacerlo parcialmente, hacerlo de forma defectuosa o fuera de plazo. Sea cual sea el caso, este hecho genera consecuencias jurídicas que pueden derivar en:
La parte cumplidora puede exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. Esta acción puede llevarse a cabo incluso por vía judicial, con el respaldo del artículo 1278, que reconoce la obligatoriedad de los contratos válidamente celebrados.
Cuando el incumplimiento es grave, la parte afectada puede solicitar la resolución del contrato, es decir, su anulación con efectos retroactivos, recuperando lo entregado y quedando liberada de sus obligaciones.
El artículo 1101 del Código Civil establece que quien incumple sus obligaciones responde de los daños y perjuicios causados. Esto incluye lucro cesante, daño emergente y cualquier perjuicio derivado del incumplimiento.
El Capítulo VI del Código Civil trata sobre la nulidad contractual. Un contrato puede ser anulado si adolece de vicios del consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación —arts. 1265 a 1270) o si falta alguno de sus requisitos esenciales (consentimiento, objeto, causa – art. 1261).
La nulidad implica que el contrato nunca ha producido efectos legales, y las partes deben restituirse lo recibido (art. 1303 CC). En estos casos, no hay propiamente un incumplimiento, sino una falta de validez desde el inicio.
Sí. El Código Civil, en sus artículos 1290 y siguientes, regula la rescisión como una figura que permite dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado, cuando ha causado perjuicio grave o fraude. Es una acción subsidiaria, aplicable solo cuando no existan otros medios legales para reparar el daño (art. 1294 CC).
Cuando el incumplimiento tiene su origen en una causa u objeto ilícitos (contrarios a la ley o la moral), el contrato no solo carece de efectos, sino que, en algunos casos, puede incluso dar lugar a responsabilidad penal, según dispone el artículo 1305.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales no queda impune en el derecho civil. El sistema legal ofrece a la parte perjudicada herramientas para exigir el cumplimiento, resolver el contrato o reclamar una indemnización. Además, prevé la nulidad y rescisión como mecanismos de protección ante contratos inválidos o perjudiciales.
Conocer estos principios es esencial tanto para particulares como para empresas, pues en cualquier relación contractual existe el riesgo de conflicto. La clave está en prever, redactar con claridad y actuar con buena fe.
