En esta sección encontrarás ejemplos de situaciones comunes que nos pueden ocurrir a cualquiera: desde un accidente de tráfico hasta un problema con la Administración o un conflicto laboral. Nuestro objetivo es ofrecerte una guía práctica y orientativa sobre cómo están reguladas legalmente estas cuestiones y qué pasos básicos deben seguirse, siempre con un lenguaje claro y accesible.
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por España deberán contar con la baliza V16 conectada para señalizar averías o emergencias en carretera. Así lo establece la normativa vigente, conforme al Real Decreto 159/2021, modificado en 2022, que marca un cambio relevante en materia de seguridad vial. Este nuevo dispositivo, además de emitir una luz intermitente para advertir al resto de conductores, envía automáticamente una señal geolocalizada a los sistemas de tráfico al activarse.
La buena noticia para los más preocupados por la privacidad es que, según ha confirmado la Agencia Española de Protección de Datos, la baliza no transmite datos personales, ni permite identificar al conductor, ni reconstruir sus trayectos. Solo comunica la ubicación del incidente y un identificador técnico, durante el tiempo en que está encendida. Además, la ley prohíbe expresamente que incorpore funciones adicionales o registre información una vez apagada. Esta medida, que busca evitar atropellos y mejorar la respuesta ante incidentes, representa un paso adelante en tecnología aplicada a la seguridad, sin sacrificar el derecho a la privacidad.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha dado un paso significativo hacia la transformación digital con la publicación, el pasado 27 de mayo de 2024, de su Estrategia de Inteligencia Artificial (IA). Este documento marca una hoja de ruta clara para integrar la IA en sus procesos, con el fin de mejorar la eficacia, eficiencia y calidad del servicio prestado al contribuyente, así como reforzar la lucha contra el fraude fiscal y aduanero.
Basándose en lo previsto en el artículo 96.1 de la Ley General Tributaria y en el Plan Estratégico 2024-2027, la Agencia subraya que el uso de la IA se realizará siempre con respeto a los principios de equidad, objetividad y legalidad. De hecho, el marco de actuación queda limitado por el ordenamiento jurídico vigente y bajo la supervisión de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA). La estrategia establece un modelo de gobernanza interno para los proyectos de IA, con una metodología que cubre todo el ciclo de vida de los sistemas: desde el diseño hasta la monitorización, garantizando la calidad de los datos y la minimización de sesgos.
Los pilares de esta estrategia incluyen:
Mejora del servicio al ciudadano mediante interfaces más eficientes.
Alineación con los principios institucionales, asegurando la intervención humana en decisiones automatizadas.
Fomento de la capacitación del personal, promoviendo su especialización en tecnologías emergentes.
Promoción de colaboraciones público-privadas para proyectos de innovación.
Además, se enfatiza un uso centrado en la persona, donde la IA se aplique de forma ética y con responsabilidad, sin sustituir nunca el juicio profesional de los funcionarios.
En la actualidad, no se está utilizando IA de forma determinante en los procedimientos de control o inspección tributaria. Solo se emplean herramientas de análisis predictivo en trámites iniciados por el contribuyente, y únicamente si su aplicación resulta beneficiosa para este. En fases de selección de contribuyentes, se recurre a técnicas de tratamiento masivo de datos, pero sin implicación directa de IA, ya que la decisión final sigue dependiendo del análisis humano.
El Gobierno de España ha aprobado el Real Decreto 817/2023, de 8 de noviembre, mediante el cual se crea un entorno controlado de pruebas (sandbox regulatorio) destinado a ensayar la aplicación práctica de la futura normativa europea sobre inteligencia artificial. Este entorno, que estará vigente por un máximo de 36 meses, o hasta que entre en aplicación directa el Reglamento europeo de IA, tiene como objetivo testar el cumplimiento de los requisitos que impondrá esta nueva regulación a los sistemas de inteligencia artificial clasificados como de alto riesgo.
El Real Decreto se enmarca dentro del proceso de adaptación al Reglamento Europeo sobre Inteligencia Artificial, actualmente en fase de negociación en las instituciones europeas. Esta norma no regula la tecnología en sí, sino su aplicación en contextos que puedan implicar riesgos para la salud, seguridad o derechos fundamentales de las personas. España, en colaboración con la Comisión Europea, lanza así el primer sandbox regulatorio en la materia, con el propósito de generar evidencias prácticas y orientaciones que faciliten la futura implementación del Reglamento en territorio nacional.
Las humedades y filtraciones en viviendas y garajes son una de las consultas más frecuentes en derecho de la propiedad horizontal. La sentencia SJPI 507/2025 aclara un caso típico: filtraciones en una plaza de garaje provocadas por el mal estado de la terraza comunitaria de uso privativo.
El propietario de una plaza de garaje demandó a su comunidad de propietarios y a la aseguradora (Generali) tras sufrir filtraciones de agua cada vez que llovía. El origen estaba en la terraza de un piso superior, que actúa como cubierta del garaje.
En su demanda reclamaba:
La reparación de la terraza (1.500 €).
La indemnización por daños en la plaza de garaje (487,01 €).
La comunidad alegó que la responsabilidad era del vecino del piso, ya que había ampliado su vivienda en la terraza sin autorización, modificando desagües y sumideros. También defendió que la acción estaba prescrita porque había pasado más de un año desde los primeros daños.
El tribunal desestimó los argumentos de la comunidad y la aseguradora y declaró lo siguiente:
La terraza es un elemento común, aunque tenga uso privativo. Por tanto, la comunidad es responsable de su conservación, de acuerdo con el art. 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH):
Tendrán carácter obligatorio los trabajos y las obras que resulten necesarias para el adecuado mantenimiento y cumplimiento del deber de conservación del inmueble y de sus servicios e instalaciones comunes
La acción no está prescrita. El tribunal aplicó la doctrina del Tribunal Supremo (STS 14/09/2018), que diferencia entre responsabilidad extracontractual (plazo de 1 año) y obligaciones legales de conservación de la comunidad (plazo general de 5 años del art. 1964 CC).
Aunque el vecino hubiera hecho obras en la terraza, la comunidad nunca requirió su legalización ni adoptó acuerdos para exigir la reposición, por lo que no podía eximirse de responsabilidad.
Se condena a la comunidad de propietarios a realizar las obras de reparación necesarias y, junto a la aseguradora, a indemnizar al afectado con 487,01 €, más intereses.
Esta sentencia aclara varios puntos importantes:
Las terrazas de uso privativo son elementos comunes, y su mantenimiento corresponde a la comunidad, salvo mal uso probado del propietario.
El plazo de reclamación es de 5 años, no de 1, cuando se trata de incumplimiento del deber de conservación de la comunidad.
La aseguradora de la comunidad puede responder solidariamente si la póliza cubre daños por agua.
Si un vecino realiza obras sin permiso en elementos comunes, la comunidad debe actuar (requerimientos, acuerdos, incluso vía urbanística). Si guarda silencio, se presume consentimiento tácito.
Notifica por escrito a la comunidad en cuanto detectes daños.
Solicita informe pericial para acreditar el origen de la filtración.
Conserva pruebas: fotos, facturas de reparación, comunicaciones.
Reclama primero a la comunidad y a su seguro.
Si no hay respuesta, acude a los tribunales: la jurisprudencia suele proteger al afectado.
Conclusión
Si tienes filtraciones en tu vivienda o garaje provocadas por terrazas comunitarias de uso privativo, la responsabilidad suele recaer en la comunidad de propietarios, que debe reparar y responder de los daños, con el respaldo de su aseguradora.
En muchas familias pueden surgir conflictos graves que llevan a una pregunta muy delicada: ¿es legal que mis padres me deshereden? Aunque en España existe el principio de la legítima hereditaria, la desheredación sí es posible, pero únicamente en casos muy concretos y cumpliendo una serie de requisitos legales estrictos.
Desheredar a un hijo significa privarle de su derecho a la legítima, es decir, de la parte mínima de la herencia que le correspondería como heredero forzoso. Esta figura está regulada en los artículos 848 y siguientes del Código Civil.
Importante: No se puede desheredar por cualquier motivo. Solo es posible si se dan las causas expresamente previstas en la ley y se cumplen los requisitos formales.
Artículo 849: “La desheredación solo podrá hacerse en testamento, expresando en él la causa legal en que se funde.”
No vale con una carta, ni con una manifestación verbal. Debe constar expresamente en el testamento y mencionar la causa concreta prevista en el Código Civil.
Artículo 848: “La desheredación solo podrá tener lugar por alguna de las causas que expresamente señala la ley.”
No basta con una mala relación personal. La ley limita los motivos a ciertos comportamientos graves que hayan afectado al testador.
Las causas más frecuentes por las que un padre puede desheredar a un hijo son:
Negar alimentos al padre o madre sin motivo justificado.
Maltrato de obra (físico) o injurias graves de palabra.
También aplican las causas de indignidad para heredar del artículo 756 del Código Civil, como:
Atentar contra la vida del testador.
Acusarlo falsamente de un delito grave.
Obligarle a hacer o modificar testamento bajo amenaza.
Artículo 850: “La prueba de ser cierta la causa de la desheredación corresponderá a los herederos del testador si el desheredado la negare.”
Si el hijo desheredado impugna judicialmente la desheredación, los herederos tendrán que demostrar que la causa es real y justificada. Si no pueden probarlo, la desheredación será inválida y el hijo recuperará su parte de la legítima (art. 851).
Artículo 856: “La reconciliación priva al testador del derecho de desheredar.”
Si hubo una reconciliación real entre el padre y el hijo, aunque la causa fuera cierta, la desheredación pierde su validez.
Artículo 857: “Los hijos o descendientes del desheredado ocuparán su lugar y conservarán los derechos de herederos forzosos respecto a la legítima.”
Aunque el hijo haya sido desheredado, sus propios hijos (los nietos del testador) sí conservan su derecho a la legítima, es decir, no se ven afectados por la desheredación de su progenitor.
Tus padres solo pueden desheredarte si cumplen estrictamente lo previsto en la ley. Deben hacerlo mediante testamento, alegando una causa legal y, si tú la niegas, deben probarla. De lo contrario, la desheredación puede ser anulada judicialmente.
En cualquier caso, la desheredación no afecta a tus hijos, quienes seguirán teniendo derechos hereditarios.
Muchos propietarios de fincas rústicas o parcelas urbanas se preguntan si tienen derecho a seguir usando un camino de paso que atraviesa una propiedad vecina y que han utilizado durante décadas. Esta situación es más común de lo que parece y tiene una respuesta jurídica clara en el Código Civil español.
La servidumbre de paso es un derecho real que permite al propietario de una finca (predio dominante) cruzar por una finca ajena (predio sirviente) para acceder a un camino público.
Según el artículo 564 del Código Civil, cuando una finca queda enclavada (sin salida), su dueño tiene derecho a exigir un paso, pagando la indemnización correspondiente:
“El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.”
Aquí entra en juego la llamada servidumbre por prescripción o usucapión. Si se ha utilizado ese paso pacíficamente, sin interrupciones, de forma pública y continua durante al menos 20 años, se puede considerar adquirida aunque no conste por escrito ni esté inscrita.
No, salvo que ya no exista necesidad legal de la servidumbre.
Según el artículo 568 del Código Civil, si tu finca deja de estar enclavada (por ejemplo, porque compras otra parcela con salida directa o se abre un camino público), el dueño del predio sirviente puede pedir la extinción de la servidumbre.
Mientras tu propiedad siga sin acceso directo a la vía pública, tu vecino no puede cerrarte el paso de forma unilateral.
Recopila pruebas del uso: fotos, testigos, recibos, planos, etc.
Solicita el reconocimiento judicial de la servidumbre (legal o por prescripción).
Si hay conflicto, puedes interponer una acción declarativa de servidumbre o una acción de tutela posesoria si se trata de un despojo reciente.
Si llevas 30 años usando un camino de paso por la finca de tu vecino sin interrupciones, y tu propiedad sigue sin acceso directo a un camino público, ese paso podría estar legalmente protegido como servidumbre.
Tanto si se trata de una servidumbre legal (por predio enclavado) como de una servidumbre adquirida por el uso, tu vecino no puede negarte el paso arbitrariamente.
Imagine que usted es Marta, ingeniera informática que lleva diez años trabajando en Berlín. Una empresa tecnológica española le ofrece un contrato en Madrid con muy buenas condiciones y decide trasladarse con su familia. Tras consultar, descubre que al llegar a España puede optar por el régimen fiscal especial del artículo 93 de la Ley del IRPF, conocido popularmente como el “régimen Beckham”.
El artículo 93 permite que quienes se trasladen a España y adquieran la residencia fiscal puedan tributar como si fueran no residentes, aunque en realidad son residentes a efectos de IRPF.
Esto significa que:
Sus rentas tributan conforme a las reglas del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
Solo se tienen en cuenta las rentas obtenidas en España (con excepciones en actividades emprendedoras o altamente cualificadas).
Se aplica un tipo fijo:
24 % hasta 600.000 €.
47 % a partir de esa cifra.
Para las rentas del ahorro (intereses, dividendos, etc.), la escala es progresiva: del 19 % al 30 %.
El régimen dura el año del traslado y los cinco siguientes.
Además, el régimen puede extenderse al cónyuge y a los hijos menores de 25 años (o con discapacidad) si cumplen ciertos requisitos.
Volviendo al caso de Marta, ella puede acogerse a este régimen siempre que:
No haya residido en España en los últimos 5 años.
Su traslado se produzca por contrato laboral, por ser administradora de una entidad, por actividad emprendedora o como profesional altamente cualificado (en su caso, contrato laboral).
No obtenga rentas mediante establecimiento permanente en España (salvo excepciones específicas).
Para Marta, la principal ventaja es la tributación fija al 24 % de sus ingresos laborales, que resulta muy atractiva si su salario es alto. No obstante, hay límites importantes:
No podrá aplicar deducciones ni reducciones propias del IRPF ordinario.
Tributa por obligación real en el Impuesto sobre el Patrimonio.
El régimen es temporal: máximo 6 años.
El artículo 93 de la Ley del IRPF ofrece un incentivo fiscal potente para atraer talento internacional, profesionales cualificados, emprendedores e inversores. Si usted se desplaza a España por trabajo o emprendimiento, este régimen puede suponer un ahorro relevante en su factura fiscal.
No obstante, no siempre compensa: si sus rentas del trabajo no son muy elevadas o si obtiene importantes ingresos fuera de España, puede que le convenga más tributar como residente ordinario.
Si usted reside en las Mallorca y se pregunta qué sucederá con su herencia, conviene conocer cómo regula esta materia la Compilación del Derecho Civil balear, especialmente tras la reforma de 2022.
La herencia, en Baleares, puede deferirse de tres formas:
Por testamento: usted dispone libremente de sus bienes para después de su fallecimiento.
Por contrato sucesorio: una institución muy propia del derecho balear, que permite pactar en vida quién heredará y en qué condiciones. Es habitual en entornos familiares o patrimonios rurales, aunque cada vez se utiliza más en todo tipo de contextos.
Por ley (sucesión intestada): solo entra en juego si no existe testamento ni contrato sucesorio.
En la práctica, si usted no hace testamento ni contrato sucesorio, será la sucesión intestada la que determine quién hereda. Ahora bien, debe tener en cuenta que, en Mallorca, la sucesión intestada es subsidiaria: la prioridad se concede al testamento y al contrato sucesorio.
La ley también contempla que, en determinados casos, una persona quede excluida de la herencia por su comportamiento. Son los llamados indignos para suceder.
Por ejemplo, no podrá heredar quien:
Atente contra su vida o le cause lesiones graves.
Le someta a delitos contra la libertad, la integridad moral o la libertad sexual.
Sea privado judicialmente de la patria potestad o tutela sobre usted.
Le acuse falsamente de un delito grave.
Destruya o manipule su testamento.
Le abandone sin prestar los cuidados debidos si usted padece una discapacidad o necesita alimentos.
En estos casos, la ley entiende que no sería justo que esa persona recibiera parte de su patrimonio.
La indignidad debe declararse judicialmente a instancia de otro heredero u otra persona con interés. Además:
El plazo para ejercitar la acción es de cinco años desde que se conoce el hecho o desde que el indigno ha tomado posesión de los bienes.
Si existe un procedimiento penal, se debe esperar a que la sentencia sea firme.
Las mismas causas son válidas para que usted pueda desheredar expresamente a esa persona en su testamento.
Si usted vive en las Mallorca, debe saber que la ley le ofrece tres vías sucesorias: testamento, contrato sucesorio e intestada (solo en último término). Además, la normativa balear protege su herencia frente a conductas gravemente reprochables: no todos los herederos tienen derecho automático a heredar.
El conductor de un vehículo a motor es responsable civilmente de los daños que cause a otras personas o bienes como consecuencia de hechos de la circulación. Esto se conoce como responsabilidad por riesgo, y no se exige culpa directa para que exista obligación de indemnizar.
Este régimen especial se debe a que conducir un vehículo conlleva un riesgo objetivo, y quien lo crea debe asumir las consecuencias si ese riesgo se materializa en un daño.
Sí, pero de forma muy limitada. El conductor solo se librará de responsabilidad en caso de daños a personas si puede probar alguna de estas dos causas de exoneración:
Culpa exclusiva del perjudicado.
Fuerza mayor ajena a la conducción o al vehículo.
Ojo: No se considera fuerza mayor un fallo mecánico o defecto del vehículo. Estos supuestos no eximen de responsabilidad.
Cuando la víctima ha tenido una conducta imprudente que ha contribuido a causar o agravar el daño (por ejemplo, no llevar casco o cinturón), la indemnización se reducirá proporcionalmente, pudiendo rebajarse hasta un máximo del 75% en caso de culpa concurrente.
Sin embargo, hay excepciones:
Si la víctima es menor de 14 años o tiene una discapacidad que impida atribuirle responsabilidad, no se reduce la indemnización.
Tampoco puede exigirse responsabilidad civil a los padres, tutores o responsables legales, salvo que hayan actuado dolosamente.
Asimismo, la víctima debe cumplir con su deber de mitigar el daño. Si, por ejemplo, abandona un tratamiento médico sin justificación, y eso agrava sus lesiones, puede reducirse la cuantía de la indemnización.
La ley también contempla la responsabilidad del propietario no conductor en dos casos:
Responsabilidad por relación jurídica (art. 1903 CC y 120.5 CP)
El propietario responde si tiene relación laboral, familiar o de dependencia con el conductor, salvo que pruebe que actuó con la diligencia debida para evitar el daño.
Responsabilidad por falta de seguro
Si el vehículo no tiene el seguro obligatorio, el propietario responde solidariamente con el conductor, salvo que pruebe que el vehículo fue robado.
¿Cómo se calculan las indemnizaciones?
Las indemnizaciones por daños personales (muerte, secuelas, lesiones temporales) se calculan conforme a los criterios objetivos del Título IV de la Ley y a los límites del Baremo del Anexo del Real Decreto 8/2004.
Además, estas indemnizaciones tienen un tratamiento fiscal favorable: están exentas del IRPF, siempre que las pague una aseguradora o el Consorcio de Compensación de Seguros.
La responsabilidad civil derivada de un accidente de tráfico es objetiva, directa y muy estricta. El conductor, y en ciertos casos el propietario, deben responder por los daños causados, salvo contadas excepciones. Este sistema busca proteger eficazmente a las víctimas y garantizar que reciban una indemnización justa y rápida.
Por ello, es fundamental:
Conducir con diligencia.
Cumplir las normas de tráfico.
Disponer de un seguro en vigor.
Y, en caso de accidente, actuar con responsabilidad y buscar asesoramiento legal.
El convenio regulador es un documento jurídico en el que los cónyuges acuerdan las medidas que regirán sus relaciones personales y patrimoniales tras la separación o el divorcio. Es un requisito indispensable cuando el proceso se realiza de forma consensuada, ya sea ante el juez, ante el letrado de la Administración de Justicia o ante notario, según lo establecido en los artículos 81, 82, 87 y 90 del Código Civil.
La finalidad del convenio regulador es garantizar la seguridad jurídica en las consecuencias de la ruptura matrimonial. A través de él, se evita la judicialización de conflictos posteriores, se regulan de forma clara las obligaciones de cada cónyuge y se protege el interés superior de los hijos menores, si los hubiera.
Además, permite a los cónyuges participar activamente en la regulación de su nueva realidad familiar, favoreciendo un clima de entendimiento y colaboración.
El artículo 90 del Código Civil establece el contenido mínimo del convenio regulador, que incluirá, siempre que sea aplicable, los siguientes puntos:
Guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas y estancia con el progenitor no conviviente.
Ejercicio de la patria potestad y, si procede, régimen de visitas de los abuelos.
Destino de los animales de compañía, incluyendo reparto de tiempos y responsabilidades.
Atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.
Contribución a las cargas del matrimonio y pensión de alimentos.
Liquidación del régimen económico matrimonial.
Pensión compensatoria, si corresponde, conforme al artículo 97 del Código Civil.
La forma de presentar el convenio regulador depende de la vía elegida para la separación o el divorcio:
Cuando existen hijos menores no emancipados o mayores con medidas de apoyo atribuidas judicialmente a los progenitores, es obligatorio acudir al juzgado. El convenio se presenta junto a la demanda de separación o divorcio y debe ser aprobado por el juez, quien valorará si protege adecuadamente los intereses de los hijos y de los cónyuges.
Si no existen hijos menores o en situación de especial protección, los cónyuges pueden acudir directamente a estas figuras. El convenio regulador se formaliza en escritura pública y surte los mismos efectos legales que una sentencia judicial. Ambos cónyuges deben comparecer personalmente y estar asistidos por un abogado.
El convenio regulador suele ser redactado por el abogado o abogados que asisten a los cónyuges. Puede tratarse de un letrado de confianza común o, si las partes lo desean, cada uno puede contar con su propia representación.
Es fundamental que el texto sea claro, preciso y respete el marco legal. En caso de que existan hijos o bienes complejos, se recomienda encarecidamente la intervención de profesionales con experiencia en derecho de familia.
En procedimientos judiciales, el convenio debe ser aprobado por el juez, quien podrá rechazarlo si considera que alguna de sus cláusulas es perjudicial para uno de los cónyuges, los hijos o incluso para los animales de compañía.
En procedimientos ante notario o letrado de la Administración de Justicia, estos también pueden rechazar el documento si aprecian perjuicio grave en las medidas acordadas, dando por terminado el expediente y remitiendo el asunto al juez competente.
Una vez aprobado, el convenio puede ejecutarse judicialmente por la vía de apremio si alguna de las partes incumple. Además, puede modificarse si cambian las circunstancias personales, familiares o económicas, tanto por acuerdo entre los cónyuges como por resolución judicial.
El convenio regulador no es un simple trámite, sino un instrumento jurídico esencial que marca el futuro de las relaciones familiares tras una separación o divorcio. Su correcta redacción y aprobación garantiza la protección de todos los miembros de la familia y permite afrontar esta etapa con mayor estabilidad y seguridad.
En estos supuestos entra en juego un principio fundamental de nuestro ordenamiento: la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
El artículo 106.2 de la Constitución Española establece que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por los daños que sufran en sus bienes y derechos, siempre que sean consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, salvo en casos de fuerza mayor.
La Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, desarrolla este principio en su artículo 32, donde se reconoce que:
La Administración debe indemnizar cuando el daño se deba al funcionamiento normal o anormal de un servicio público (por ejemplo, conservación de carreteras).
El daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.
No se indemnizan daños que el ciudadano tenga el deber jurídico de soportar o que provengan de hechos imprevisibles o inevitables.
El artículo 34 concreta que la indemnización se calculará con criterios objetivos (baremos de tráfico, seguridad social, mercado, etc.), y solo cuando el daño no sea algo que la persona deba asumir.
Finalmente, el artículo 36 permite que, una vez pagada la indemnización, la propia Administración reclame internamente a la autoridad o funcionario responsable si hubo dolo, culpa o negligencia graves.
Imaginemos que un motorista sufre una caída porque en una carretera autonómica existe un socavón profundo, sin señalizar, que llevaba meses sin reparar. En este caso, el servicio público de conservación de carreteras (que depende de la Administración provincial o autonómica) ha funcionado mal.
El lesionado tendría derecho a reclamar:
Que el daño es real y cuantificable (lesiones, daños materiales, lucro cesante).
Que existe una relación directa de causalidad entre el mal estado de la vía y el accidente.
Que no existe fuerza mayor ni culpa exclusiva del conductor (por ejemplo, si iba a gran velocidad o bajo los efectos del alcohol, la responsabilidad se rompería).
El afectado debe presentar una reclamación administrativa ante la Administración responsable de la vía (Diputación, Comunidad Autónoma, o incluso el Estado en caso de carreteras nacionales).
Debe aportar pruebas: atestado policial, informes periciales, fotos del estado de la carretera, testigos, etc.
Si la Administración rechaza la reclamación, se puede acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Baches no reparados que provocan la pérdida de control del vehículo.
Señalización inexistente o defectuosa en un cruce peligroso.
Carreteras con hielo o gravilla sin que se hayan adoptado medidas preventivas razonables.
Guardarraíles peligrosos que agravan las lesiones de un motorista.
Conclusión
La responsabilidad patrimonial de la Administración garantiza que los ciudadanos no tengan que asumir los daños sufridos por el mal funcionamiento de un servicio público, como es la conservación de carreteras.
Ahora bien, no todos los accidentes en vías públicas generan automáticamente derecho a indemnización: es necesario demostrar que el siniestro se debió directamente a una omisión o negligencia en el mantenimiento de la vía y que el daño no es fruto de una fuerza mayor o de la imprudencia del conductor.
La reflexión es clara: si exigimos a los ciudadanos responsabilidad al volante, también debemos exigir a las Administraciones que garanticen carreteras seguras.
En el ámbito jurídico, los contratos constituyen una herramienta fundamental para establecer acuerdos y obligaciones entre partes. Sin embargo, ¿qué sucede cuando una de ellas no cumple lo pactado? El Código Civil español proporciona una estructura clara y detallada para entender las consecuencias del incumplimiento contractual, protegiendo así los derechos de las partes afectadas.
El artículo 1254 del Código Civil establece que el contrato nace en el momento en que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a dar algo o prestar un servicio. En otras palabras, el consentimiento mutuo da origen a obligaciones jurídicas exigibles.
Asimismo, el artículo 1258 dispone que el contrato obliga no solo a lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que se derivan de la buena fe, el uso y la ley. Esto significa que incluso si una cláusula no aparece de forma literal, su cumplimiento puede exigirse si se deduce de la naturaleza del acuerdo.
Los contratantes gozan de amplia libertad para establecer las condiciones del contrato (art. 1255 CC), pero siempre dentro de los márgenes legales: no pueden pactarse cláusulas contrarias a la ley, la moral o el orden público.
Además, el artículo 1256 prohíbe dejar el cumplimiento del contrato al arbitrio de una sola parte, lo cual garantiza el equilibrio entre los contratantes y evita abusos.
El incumplimiento de un contrato puede darse de diversas formas: no realizar la prestación, hacerlo parcialmente, hacerlo de forma defectuosa o fuera de plazo. Sea cual sea el caso, este hecho genera consecuencias jurídicas que pueden derivar en:
La parte cumplidora puede exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. Esta acción puede llevarse a cabo incluso por vía judicial, con el respaldo del artículo 1278, que reconoce la obligatoriedad de los contratos válidamente celebrados.
Cuando el incumplimiento es grave, la parte afectada puede solicitar la resolución del contrato, es decir, su anulación con efectos retroactivos, recuperando lo entregado y quedando liberada de sus obligaciones.
El artículo 1101 del Código Civil establece que quien incumple sus obligaciones responde de los daños y perjuicios causados. Esto incluye lucro cesante, daño emergente y cualquier perjuicio derivado del incumplimiento.
El Capítulo VI del Código Civil trata sobre la nulidad contractual. Un contrato puede ser anulado si adolece de vicios del consentimiento (error, dolo, violencia o intimidación —arts. 1265 a 1270) o si falta alguno de sus requisitos esenciales (consentimiento, objeto, causa – art. 1261).
La nulidad implica que el contrato nunca ha producido efectos legales, y las partes deben restituirse lo recibido (art. 1303 CC). En estos casos, no hay propiamente un incumplimiento, sino una falta de validez desde el inicio.
Sí. El Código Civil, en sus artículos 1290 y siguientes, regula la rescisión como una figura que permite dejar sin efecto un contrato válidamente celebrado, cuando ha causado perjuicio grave o fraude. Es una acción subsidiaria, aplicable solo cuando no existan otros medios legales para reparar el daño (art. 1294 CC).
Cuando el incumplimiento tiene su origen en una causa u objeto ilícitos (contrarios a la ley o la moral), el contrato no solo carece de efectos, sino que, en algunos casos, puede incluso dar lugar a responsabilidad penal, según dispone el artículo 1305.
El incumplimiento de las obligaciones contractuales no queda impune en el derecho civil. El sistema legal ofrece a la parte perjudicada herramientas para exigir el cumplimiento, resolver el contrato o reclamar una indemnización. Además, prevé la nulidad y rescisión como mecanismos de protección ante contratos inválidos o perjudiciales.
Conocer estos principios es esencial tanto para particulares como para empresas, pues en cualquier relación contractual existe el riesgo de conflicto. La clave está en prever, redactar con claridad y actuar con buena fe.
