¿Por qué se cometen delitos? La Criminología es la disciplina que intenta responder a esta pregunta, analizando las causas del crimen, el perfil de los delincuentes, el papel de las víctimas y las respuestas de la sociedad ante el delito.
Los delitos de lesa humanidad constituyen una de las categorías penales más graves del derecho internacional. Su origen se remonta a los Estatutos de Núremberg tras la II Guerra Mundial, y desde entonces han sido objeto de progresiva codificación y consolidación como respuesta a crímenes atroces cometidos en contextos como la antigua Yugoslavia o Ruanda.
Según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) (1998), en su artículo 7, se trata de crímenes cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento del ataque. Entre las conductas que pueden constituir este tipo de delito se encuentran:
Asesinato, exterminio, esclavitud
Deportación o traslado forzoso
Encarcelamiento ilegal
Tortura y violación
Persecución por motivos políticos, religiosos o étnicos
Desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos
Para que se configure este delito deben concurrir elementos objetivos (carácter generalizado, sistemático y dirigido a población civil) y subjetivos (conocimiento del ataque por parte del autor).
El delito exige, por tanto, que los actos no sean aislados, sino parte de un plan organizado y de gran escala, con el objetivo de eliminar, someter o perjudicar a una parte de la población civil.
Además del Estatuto de Roma, la persecución de estos crímenes ha sido asumida por tribunales internacionales ad hoc, como el Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).
La CPI, con sede en La Haya, tiene jurisdicción limitada: solo puede actuar respecto a los Estados parte o mediante remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, solo juzga a personas físicas mayores de 18 años y delitos cometidos a partir del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto.
En España, los delitos de lesa humanidad fueron incorporados por primera vez al Código Penal mediante la LO 15/2003, en el artículo 607 bis del Título XXIV del Libro II, tras la ratificación del Estatuto de Roma en 2000.
Esta inclusión supuso el fin del vacío legal existente en nuestro ordenamiento y permitió una adaptación al derecho penal internacional, además de permitir la cooperación jurídica con la CPI y con otros países.
La primera sentencia en España por delitos de lesa humanidad fue dictada por la Audiencia Nacional en 2005 (Sentencia nº 16/2005), en el conocido caso Scilingo. Se condenó a un exmilitar argentino por su participación en crímenes cometidos durante la dictadura argentina, como desapariciones forzadas y ejecuciones ilegales, bajo el principio de justicia universal.
Esta sentencia marcó un hito al considerar que los delitos cometidos afectaban no solo a personas concretas, sino a la humanidad en su conjunto, reforzando el papel del Derecho penal como herramienta de defensa de los derechos humanos.
Los delitos de lesa humanidad se erigen como una figura penal de dimensión universal, imprescriptible y que refleja los principios fundamentales del derecho penal internacional. La regulación tanto internacional como española busca garantizar la no impunidad y la protección de los valores esenciales del ser humano, contribuyendo a la construcción de una justicia global más efectiva.
En las últimas décadas, el interés por el funcionamiento de las instituciones penitenciarias en Europa ha crecido notablemente. Aunque las competencias en materia penal y penitenciaria siguen siendo esencialmente nacionales, las instituciones europeas han ido estableciendo criterios comunes y recomendaciones para garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
En este artículo analizamos cómo se configura el Derecho Penitenciario en la Unión Europea, con especial atención a los modelos de Alemania, Italia, Francia y Noruega, y a las líneas comunes que apuntan hacia una humanización de las penas y una mayor armonización supranacional.
Aunque la normativa penitenciaria sigue siendo competencia de cada Estado, Europa ha desarrollado una estructura normativa y judicial de protección de derechos humanos en prisión. Destacan:
Las Reglas Penitenciarias Europeas (European Prison Rules): un conjunto de principios no vinculantes, pero con gran autoridad política y ética.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT): órgano que inspecciona centros de detención y emite informes sobre las condiciones reales de vida en prisión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH): cuyos pronunciamientos han incidido profundamente en la ejecución de penas en los 46 países del Consejo de Europa.
Estos instrumentos, junto con el seguimiento por parte de ONGs y universidades, permiten avanzar hacia un modelo penitenciario europeo más justo, garantista y humanitario.
El sistema alemán parte de una concepción clara: la culpabilidad del autor es la base y límite de la pena. La Ley de Ejecución de Penas, en vigor desde 1977, establece que la prisión debe preparar al recluso para una vida responsable en libertad, aproximando su experiencia carcelaria a la vida en sociedad.
Tratamiento penitenciario obligatorio
El enfoque resocializador se impone incluso contra la voluntad del interno, tal y como ha avalado el Tribunal Constitucional alemán. Se contemplan además medidas preventivas —como el internamiento psiquiátrico o la detención por peligrosidad— con límites temporales.
Prisión perpetua
Aunque abolida la pena de muerte, Alemania conserva la cadena perpetua, susceptible de ser revisada tras 15 años, siempre que se prevea una reinserción viable.
Descenso de la población reclusa
Desde los años 80, Alemania ha conseguido una notable reducción de su población penitenciaria, gracias a políticas eficaces de prevención y reintegración.
Italia reformó profundamente su sistema de procedimiento penal en 1988, abandonando el antiguo modelo inquisitivo heredado del fascismo y adoptando un esquema acusatorio más garantista.
Especial atención a los menores
El procedimiento penal juvenil se rige por normas específicas, que priorizan medidas socioeducativas frente a las sanciones penales, como la suspensión del proceso y su posterior archivo si el menor muestra buena conducta.
Responsabilidad penal solo para personas físicas
En Italia, la responsabilidad penal se limita a los individuos. Las personas jurídicas no son penalmente responsables, aunque sí pueden enfrentarse a sanciones administrativas.
Estructura del Código Penal
Divide los delitos en "crímenes" y "faltas", y diferencia las sanciones en función de la gravedad. Además, establece los límites de edad penal, que comienza a los 14 años.
Francia ha afrontado una grave crisis estructural en su sistema penitenciario, denunciada tanto por profesionales del ámbito carcelario como por organismos internacionales. Las condiciones de hacinamiento, falta de recursos y deficiencias estructurales han puesto en entredicho la capacidad del sistema para cumplir sus funciones resocializadoras.
Plan de construcción de prisiones
En respuesta, se han impulsado proyectos para aumentar la capacidad carcelaria, aunque la situación económica limita el alcance de estas iniciativas.
Noruega destaca como uno de los países con una política penitenciaria más progresista del mundo.
Bajas tasas de encarcelamiento
Con solo 75 presos por cada 100.000 habitantes, la mayoría de las condenas son breves y enfocadas a la rehabilitación rápida del penado.
Prisiones abiertas y ecológicas
El ejemplo más conocido es la prisión de Bastøy, ubicada en una isla y gestionada bajo principios de responsabilidad personal, respeto y sostenibilidad. Los internos viven en pequeñas casas, gestionan su alimentación y participan en actividades educativas o laborales.
Filosofía de reinserción
En Noruega, el preso no es un número, sino un individuo con capacidad de cambio. Se promueve la autogestión, la confianza y el compromiso social como herramientas para la verdadera rehabilitación.
España
1. Características Generales
El sistema penitenciario español se rige por la LOGP (Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre). Esta norma introduce una visión moderna de la ejecución penal: los presos son titulares de derechos, con deberes, pero sin que su condición de internos implique la pérdida total de su ciudadanía.
Además, la Constitución Española establece en su artículo 25.2 que las penas privativas de libertad deben orientarse hacia la reeducación y reinserción social, siendo este el objetivo central del sistema.
2. Objetivo principal
El objetivo declarado del sistema penitenciario español no es solo castigar el delito, sino reinsertar socialmente al condenado y evitar la reincidencia. Se trata de un equilibrio entre seguridad, control y tratamiento individualizado.
3. Modelos o Medidas destacadas
Clasificación por grados:
1er grado: régimen cerrado (para internos peligrosos o inadaptados).
2º grado: régimen ordinario (mayoría de los internos).
3er grado: régimen abierto (permite salidas controladas y semilibertad).
Permisos y beneficios:
Se otorgan en función del comportamiento, cumplimiento del plan de tratamiento, y evolución positiva del interno.
Tratamiento individualizado:
Incluye programas educativos, laborales, terapéuticos y de intervención social.
Control judicial:
Las decisiones clave sobre clasificación, progresión o regresión de grado deben ser supervisadas por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
4. Notas relevantes
El modelo español destaca por su marco garantista, tanto a nivel constitucional como legislativo.
El respeto a la dignidad del interno y su participación activa en el tratamiento son principios esenciales.
El sistema es descentralizado, con competencias penitenciarias transferidas a algunas Comunidades Autónomas (como Cataluña y País Vasco).
Estatuto de la Víctima en España: análisis legal, avances recientes y críticas al marco normativo
En las últimas décadas, el papel de la víctima en el proceso penal ha experimentado una transformación significativa. España, aunque tardíamente respecto a otros países europeos, ha dado pasos relevantes hacia el reconocimiento y protección de los derechos de quienes sufren directa o indirectamente las consecuencias de un delito. El punto de inflexión se materializó en la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito, que por primera vez articula un marco general aplicable a todas las víctimas, más allá de categorías específicas como las de terrorismo o violencia de género.
El Estatuto no es solo una declaración de principios, sino un cuerpo normativo que regula un catálogo de derechos tanto procesales como extraprocesales. Supone la incorporación al ordenamiento jurídico español de las directrices europeas —especialmente la Directiva 2012/29/UE— en materia de atención, apoyo y protección a víctimas de delitos, incluidas aquellas sin residencia legal en el país.
La norma establece derechos fundamentales como el acceso a la información desde el primer contacto con las autoridades, el derecho a ser entendida y a entender, la asistencia jurídica gratuita, el derecho a participar activamente en el proceso penal y el acceso a servicios de justicia restaurativa.
Además, introduce innovaciones importantes como la posibilidad de recurrir decisiones de sobreseimiento sin necesidad de haberse personado previamente, el acceso prioritario a determinados recursos públicos o la asistencia integral en oficinas especializadas.
Entre los elementos más valorados de esta ley se encuentran:
Universalización de derechos: Se supera el enfoque limitado a ciertos colectivos y se amplía la protección a todas las víctimas de delitos.
Facilidades comunicativas: Se incorporan medidas de accesibilidad lingüística y sensorial, incluyendo intérpretes de lengua de signos.
Prevención de la victimización secundaria: El Estatuto incorpora mecanismos para evitar que las víctimas sufran daños adicionales durante el proceso penal.
Consolidación de la justicia restaurativa: Un enfoque que promueve la reparación del daño y el diálogo entre víctima y agresor en contextos adecuados.
Pese a los avances, el Estatuto no ha estado exento de críticas, tanto desde el ámbito académico como desde las organizaciones de apoyo a víctimas. Una de las principales objeciones radica en la falta de dotación presupuestaria: la ley excluye expresamente el incremento de recursos humanos y materiales, lo que compromete seriamente su implementación efectiva.
Además, expertos como Daza Bonachela han señalado la ausencia de participación real de las asociaciones de víctimas en el proceso legislativo, así como la falta de conexión con principios internacionales como los recogidos por Naciones Unidas. Otro punto sensible es el artículo 13, que permite a las víctimas participar en la fase de ejecución de la pena. Varios juristas alertan sobre el riesgo de que esta medida vulnere principios básicos como la resocialización del condenado o la presunción de inocencia.
Algunos expertos denuncian una tendencia preocupante: la utilización simbólica de la víctima como figura legitimadora de políticas penales cada vez más punitivas. Esta instrumentalización —denominada por David Garland como "populismo punitivo"— puede derivar en una polarización del discurso penal, donde defender a la víctima parece incompatible con garantizar los derechos del acusado.
Si bien es esencial que la voz de la víctima sea escuchada y respetada, su participación no debe convertirse en un elemento distorsionador del sistema penal. Como señala el profesor Díez Ripollés, es necesario encontrar un equilibrio entre la legítima reivindicación de derechos y el respeto al modelo garantista propio del Estado de Derecho.
Conclusión
El Estatuto de la Víctima marca un hito indiscutible en la evolución del sistema penal español. Sin embargo, como toda norma reciente y ambiciosa, plantea desafíos de aplicación y equilibrio institucional. Su éxito dependerá no solo de su correcta implementación, sino también de un diálogo constante entre juristas, víctimas, instituciones y sociedad civil.
Cuando pensamos en un juicio, muchas veces imaginamos pruebas materiales, informes periciales o documentos clave. Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de los procesos la declaración de los testigos sigue siendo una pieza fundamental. Diversos estudios señalan que cerca del 85% de los casos judiciales en el mundo se apoyan en mayor o menor medida en un testimonio.
La psicología del testimonio, también conocida como memoria de los testigos, analiza hasta qué punto esos relatos son exactos y creíbles. Es una de las aplicaciones más directas de la psicología experimental al ámbito legal y busca responder a una pregunta clave: ¿podemos confiar en lo que recuerda un testigo?
La psicología del testimonio se centra en dos aspectos principales:
Exactitud: estudia los factores que afectan a la fidelidad del recuerdo, como el tiempo transcurrido desde el hecho, las condiciones en las que se produjo la observación (iluminación, distancia, ruido), el nivel de estrés del testigo o incluso la forma en que se formulan las preguntas. Fenómenos como las falsas memorias o la sugestión pueden alterar lo recordado.
Credibilidad: se refiere a la percepción que tienen jueces, fiscales, abogados o jurados sobre si un testimonio resulta fiable. Aquí influyen tanto la actitud del testigo (seguridad, contacto visual, apariencia) como factores externos: instrucciones del juez, impacto de los medios de comunicación o estereotipos sociales.
El interés por el testimonio no es nuevo. A finales del siglo XIX, psicólogos como Binet ya advertían sobre los errores de memoria y la facilidad con la que esta podía ser manipulada. En 1908, Münsterberg publicó el primer manual específico sobre psicología del testimonio (On the Witness Stand), defendiendo la necesidad de aplicar el método científico al proceso judicial.
En España, Francisco Santamaría fue pionero en los años 20 con su estudio Psicología del testigo. Desde entonces, la disciplina ha evolucionado junto a la psicología cognitiva, poniendo especial énfasis en la memoria y sus limitaciones.
La memoria humana no es una grabadora perfecta. Codificamos la información de manera selectiva, la almacenamos con modificaciones y la recuperamos condicionados por múltiples factores. Por eso, un testimonio puede variar con el paso del tiempo o tras la exposición a nuevas informaciones.
Diferenciamos entre:
Memoria a corto plazo, limitada y frágil.
Memoria a largo plazo, que incluye la memoria semántica (conocimientos), episódica (experiencias) y procedimental (habilidades).
Los errores de codificación, la sugestión o la forma en que se nos hacen las preguntas pueden introducir distorsiones.
Desde el punto de vista legal, el testigo es quien declara ante el tribunal sobre hechos relevantes. Su testimonio debe ser claro, preciso y veraz. Pero la psicología nos recuerda que su fiabilidad depende de cómo se haya obtenido la información (entrevista policial, rueda de reconocimiento, interrogatorio en juicio).
Aquí cobra relevancia la figura del psicólogo forense, que asesora a los jueces sobre cómo funcionan los procesos de memoria y cómo valorar las declaraciones. Su papel está regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 335 a 352) y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 456 a 485), que establecen el marco para la intervención de peritos.
La psicología del testimonio nos recuerda que la memoria es selectiva, vulnerable y moldeable. En un juicio, un testimonio puede ser decisivo, pero también puede estar contaminado por el paso del tiempo, las emociones o incluso por la forma en la que se hacen las preguntas.
Por eso, jueces, fiscales y abogados deben ser conscientes de estas limitaciones y apoyarse en expertos cuando sea necesario. Solo así el testimonio cumplirá su función: aportar luz a los hechos sin caer en trampas de la memoria.
La perfilación criminal, también conocida como criminal profiling, es una técnica forense utilizada por criminólogos y fuerzas de seguridad para trazar el perfil psicológico, social y conductual de un posible autor de un delito, especialmente en casos de crímenes violentos o seriales.
¿Qué es un perfil criminal?
Según la RAE, un perfil es el conjunto de rasgos que caracterizan a alguien o algo. En criminología, se trata de identificar características probables del autor de un delito, basándose en:
Rasgos físicos
Características psicológicas o psiquiátricas
Información socioeconómica
Datos geográficos y conductuales
Este perfil puede aplicarse tanto a agresores desconocidos como a sospechosos detenidos, con el objetivo de comparar su conducta con la del autor del crimen (contraperfil).
El principal fin del perfil criminológico es:
Reducir el número de sospechosos
Orientar las investigaciones policiales
Acelerar la identificación del agresor, especialmente en crímenes en serie
Esto es crucial en delitos con alta alarma social, donde es necesario actuar con rapidez para evitar nuevos ataques y proteger a posibles futuras víctimas.
Aunque los inicios de la criminología estaban centrados en aspectos físicos del delincuente (como en las teorías de Lombroso o Kretschmer), actualmente se priorizan los factores psicológicos y conductuales.
Uno de los primeros casos documentados de perfilación fue el del "Bombardero Loco" en Nueva York (1957), elaborado por el Dr. James Brussel, y más adelante perfeccionado por figuras como Robert Ressler, pionero en el FBI.
Se basa en el estudio de criminales reales, sobre todo en contexto penitenciario.
Se obtienen patrones a través de entrevistas, análisis forense y datos judiciales.
Fue ampliamente desarrollado en el Proyecto de Investigación de la Personalidad Criminal (PIPC) del FBI.
Parte del análisis detallado de la escena del crimen y la víctima.
Se identifican patrones conductuales, motivaciones, posibles trastornos y huellas psicológicas.
Este enfoque ayuda a inferir características concretas del autor, incluso sin saber quién es.
Gracias al trabajo del FBI, se estableció una tipología básica:
Asesino organizado:
Alta planificación y autocontrol
Inteligencia normal o alta
Escoge a sus víctimas
Escenarios limpios y controlados
Actos impulsivos y violentos
Trastornos mentales evidentes
No selecciona a la víctima
Escenas caóticas y sin ocultación
Aunque rara vez los delincuentes se ajustan al 100 % a un solo perfil, esta clasificación ayuda a enfocar las investigaciones.
En perfilación criminal, la víctima es una fuente clave de información. Si sobrevive, puede aportar detalles sobre su agresor. Si no, se realiza una autopsia psicológica, analizando:
Estilo de vida
Relaciones sociales
Temores y hábitos
Vulnerabilidad al delito
Esto permite no solo entender el crimen, sino también identificar la relación emocional o simbólica entre víctima y agresor.
Según el FBI, los mejores perfiladores no solo tienen formación en psicología, criminología o derecho penal, sino también:
Amplia experiencia investigadora
Alta capacidad analítica e intuición
Formación en ciencias forenses y victimología
El perfilador debe ser capaz de analizar todos los informes de la investigación policial, médica, forense y psicológica, así como estudiar los mapas, fotografías de la escena del crimen y patrones de conducta.
Aunque no se trata de una ciencia exacta, la perfilación criminal es una técnica altamente útil y complementaria en investigaciones complejas. Ayuda a reducir el rango de sospechosos, enfocar recursos y, en muchos casos, resolver crímenes que de otro modo quedarían impunes.
Si está interesado en la Perfilación Criminal le recomiendo leer:
Mediación: cómo resolver conflictos legales sin necesidad de ir a juicio
Una herramienta ágil, cercana y eficaz para llegar a acuerdos duraderos
La mediación es una forma alternativa de resolver conflictos sin necesidad de acudir a un tribunal. En lugar de enfrentarse en un juicio, las partes dialogan con la ayuda de un profesional imparcial —el mediador— para alcanzar un acuerdo que beneficie a ambos.
No se trata de imponer soluciones, sino de construirlas juntos. Y eso marca la diferencia: la mediación apuesta por el entendimiento, no por el enfrentamiento.
Más rápida que un procedimiento judicial.
Más económica, al evitar tasas, abogados prolongados y recursos.
Más humana y flexible, adaptada a cada caso.
Menos confrontativa, ideal cuando las partes quieren mantener la relación (familia, empresa, vecindario...).
Alto grado de cumplimiento: los acuerdos se respetan porque han sido creados por quienes los firman.
El mediador no toma decisiones ni se posiciona. Su función es facilitar el diálogo, mantener el equilibrio entre las partes y guiar el proceso con profesionalidad, imparcialidad y confidencialidad.
Familiar (divorcios, custodias, herencias)
Penal (conflictos leves donde hay voluntad de reparación)
Laboral (desacuerdos entre empresa y trabajador)
Vecinal (ruidos, espacios comunes, convivencia)
Civil y mercantil (contratos, impagos, disputas entre socios)
La mediación también se ha incorporado con fuerza en el ámbito penal, con resultados muy positivos:
Mejora la eficacia del sistema de justicia
Aunque no necesariamente acelera el proceso, genera acuerdos más duraderos y satisfactorios. Aporta un espacio de diálogo real entre víctima e infractor, alejándose de los formalismos judiciales.
Refuerza la asistencia a la víctima
Permite a la víctima ser escuchada, participar activamente en el proceso y obtener reparación sin pasar por la revictimización que a veces genera el procedimiento penal.
Potencia la responsabilidad del infractor
La persona que ha cometido el delito asume su conducta, repara el daño y se compromete con el futuro, lo que favorece la reinserción social y reduce la reincidencia.
Es una vía pacificadora
No busca culpables ni castigos ejemplares, sino acuerdos justos y equilibrados que satisfagan a ambas partes y restauren la paz social.
Involucra a la comunidad
Al fomentar acuerdos que refuerzan el respeto a las normas, contribuye a restaurar la confianza ciudadana en el sistema penal sin renunciar a las garantías constitucionales.
Cumple los fines del Derecho Penal
Retribuye (porque repara a la víctima).
Previene (porque se reconoce el daño causado).
Resocializa (porque evita los efectos negativos de la prisión).
Incluso se plantea como una tercera vía sancionadora, junto a la pena y la medida de seguridad.
Especialmente eficaz en delincuencia juvenil
No estigmatiza, educa y promueve la responsabilidad social, lo que la convierte en una herramienta clave en el Derecho Penal de Menores.
Acuerdo para mediar: ambas partes aceptan participar voluntariamente.
Sesión informativa: se explica cómo será el proceso.
Fase de diálogo: se identifican los problemas, se escucha a ambas partes y se buscan soluciones.
Acuerdo final: si se alcanza, puede formalizarse con valor legal.
La mediación representa una transformación en la forma de entender la justicia. Pone en el centro a las personas, promueve el diálogo y consigue acuerdos reales, duraderos y satisfactorios.
En el ámbito penal, contribuye a reducir la reincidencia, mejora la atención a las víctimas, fortalece la responsabilidad del infractor y aporta soluciones donde la prisión no siempre es la mejor salida.
Si está interesado en el proceso de la mediación le recomiendo leer:
El maltrato infantil es un problema universal: ocurre en todas las culturas y en todos los niveles sociales. A pesar de que aún circulan falsas creencias —como que “es poco frecuente” o que “los niños sufren menos violencia que los adultos”—, la realidad es que los menores son víctimas habituales de agresiones físicas, psicológicas, sexuales y de negligencia.
La Convención de Derechos del Niño (1989), firmada por España en 1990, marcó un antes y un después al reconocer a los menores como sujetos de pleno derecho y obligar a los Estados a protegerlos frente a cualquier forma de maltrato o explotación.
Los tipos más habituales de victimización infantil incluyen:
Abuso físico: golpes, quemaduras, agresiones intencionadas.
Negligencia física: falta de alimentación, cuidados médicos o higiene adecuados.
Abuso sexual: desde contactos forzados hasta exposición a pornografía.
Abuso emocional: insultos, amenazas, desprecio o bloqueo de iniciativas.
Abandono emocional: indiferencia persistente a las necesidades afectivas del niño.
Un aspecto cada vez más estudiado es la exposición a la violencia doméstica: niños que crecen presenciando las agresiones entre sus padres. Lejos de ser “meros espectadores”, sufren graves consecuencias psicológicas y, en muchos casos, se ven obligados a adoptar roles inadecuados para su edad, como proteger a la víctima o ser utilizados por el agresor para ejercer control.
La violencia filioparental (VFP) es aquella ejercida por los hijos hacia sus padres con el objetivo de obtener control, poder o beneficios económicos. Puede presentarse en forma de:
Abuso físico: empujones, golpes, destrucción de objetos.
Abuso psicológico: intimidación y amenazas constantes.
Abuso emocional: manipulación, chantaje emocional o amenazas de autolesión.
Abuso financiero: robo de dinero, extorsiones o endeudar a los progenitores.
Se trata de un fenómeno históricamente silenciado por el secretismo familiar y la baja tasa de denuncias. Sin embargo, estudios recientes muestran que su prevalencia puede ser tan elevada como la del maltrato infantil o la violencia marital.
Los factores de riesgo incluyen:
Familiares: madres como principales víctimas, climas familiares conflictivos, antecedentes de maltrato infantil, estilos parentales negligentes o autoritarios.
Personales: jóvenes varones entre 10 y 18 años, con baja tolerancia a la frustración, conductas agresivas y, en muchos casos, trastornos psicológicos asociados.
Maltrato a personas mayores: la violencia invisible
Otro tipo de violencia doméstica menos reconocido es la que sufren las personas mayores. Puede manifestarse en forma de:
Abuso emocional: humillaciones, amenazas, aislamiento.
Explotación económica: apropiación indebida de dinero o bienes.
Negligencia: abandono o falta de cuidados básicos.
Abuso físico y sexual.
Las víctimas suelen compartir factores de vulnerabilidad como la dependencia, el aislamiento, la fragilidad física o los problemas cognitivos. En muchos casos, el agresor es un familiar o un cuidador, lo que agrava la situación al producirse en un contexto de confianza.
La ONU ya en 1982 reconoció los derechos específicos de las personas mayores, aunque todavía hoy persisten dificultades: falta de sensibilización social, ausencia de protocolos claros y estereotipos negativos hacia la vejez.
La violencia doméstica no es un problema aislado ni excepcional. Se manifiesta en distintas formas y afecta a los más vulnerables: niños, padres y ancianos. En todos los casos, existe un denominador común: el silencio y la invisibilidad. Reconocerla, visibilizarla y contar con mecanismos de prevención y protección eficaces es clave para garantizar una convivencia segura y respetuosa en el ámbito familiar.
Cuando hablamos de violencia de género, solemos pensar únicamente en el maltrato dentro de la pareja. Sin embargo, su alcance es mucho más amplio. Desde la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) hasta la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004), se ha ido consolidando una definición que entiende este fenómeno como una manifestación de desigualdad y de poder de los hombres sobre las mujeres, que se traduce en agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas e incluso en la restricción de libertades.
En España, la ley lo deja claro: la violencia de género abarca cualquier forma de violencia ejercida por parejas o exparejas, con independencia de que haya existido convivencia. No se trata solo de golpes o agresiones físicas, sino también de amenazas, coacciones, humillaciones o privación de derechos básicos.
En 2011, España dio un paso más ratificando el Convenio de Estambul, que obliga a los Estados europeos a reforzar la protección de las mujeres y a garantizar políticas públicas de igualdad. Este tratado internacional introduce un aspecto clave: la violencia de género no es solo un asunto privado, sino una violación de los derechos humanos. Además, destaca que el concepto de “género” responde a roles y construcciones sociales, lo que explica por qué la violencia contra las mujeres tiene raíces culturales y estructurales.
La criminología ha tratado de explicar el fenómeno desde diferentes perspectivas. Una de las más extendidas es la teoría del patriarcado, que entiende que los roles asignados socialmente a hombres y mujeres han perpetuado relaciones de dominación. Sin embargo, otros enfoques, como el biopsicosocial, subrayan que intervienen múltiples factores: biológicos, psicológicos, de personalidad y de aprendizaje social.
En la práctica, esto significa que la violencia de género no responde a una única causa, sino a una combinación de desigualdad estructural, factores individuales y dinámicas de control dentro de la pareja.
Las investigaciones distinguen diferentes modalidades:
Violencia física: golpes, agresiones, lesiones intencionales.
Violencia psicológica: insultos, humillaciones, control, aislamiento o manipulación emocional.
Violencia sexual: desde coacciones hasta violaciones dentro de la relación.
Violencia económica: control del dinero, impedir trabajar o limitar el acceso a recursos.
A pesar de la evidencia, todavía persisten mitos que confunden a la sociedad. Por ejemplo:
“Una bofetada no es maltrato” → Sí lo es, y la ley lo reconoce como delito.
“El problema del maltrato afecta por igual a hombres y mujeres” → La realidad es que el 95% de las víctimas adultas son mujeres.
“Si ella se va, se acaba la violencia” → En muchos casos, la ruptura es el momento más peligroso, cuando aumentan las amenazas y agresiones.
Factores de riesgo
La investigación ha identificado algunos factores que aumentan la probabilidad de convertirse en agresor: haber vivido violencia en la infancia, consumo abusivo de alcohol, desempleo, baja autoestima o concepciones rígidas del papel del hombre y la mujer. En el caso de las víctimas, suelen repetirse circunstancias como dependencia emocional, baja autoestima, aislamiento social o embarazo, lo que incrementa su vulnerabilidad.
La violencia de género no es un problema individual ni doméstico: es una cuestión social y jurídica de primer orden. Combatirla exige leyes firmes, apoyo real a las víctimas y un cambio cultural que elimine mitos y justificaciones. La criminología, el derecho y la educación tienen un papel clave en este proceso.
"Estadística de Violencia Doméstica y Violencia de Género (EVDVG). Año 2024, 7 de mayo de 2025
El número de mujeres víctimas de violencia de género disminuyó un 5,2% en el año 2024, hasta 34.684. La tasa de mujeres víctimas de violencia de género fue de 1,6 por cada 1.000 mujeres de 14 y más años. El número de víctimas de violencia doméstica disminuyó un 2,9%.
Año 2024 Publicado: 07/05/2025"
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El sociólogo Edwin H. Sutherland revolucionó la criminología en el siglo XX al poner sobre la mesa un hecho incómodo: los delitos no son exclusivos de las clases bajas ni de las personas en situación de exclusión social.
Con su libro El delito de cuello blanco (1949), describió aquellas conductas ilegales cometidas por personas con alto estatus económico, social o político, que, aprovechando su posición, quebrantan la ley en beneficio propio. Ejemplos: fraudes financieros, uso de información privilegiada, evasión de impuestos o grandes estafas empresariales.
Lo más polémico de sus conclusiones fue mostrar que estos delincuentes rara vez eran tratados como los “delincuentes comunes”: no pisaban cárcel, no se les tomaban huellas y, en muchos casos, ni siquiera llegaban a juicio penal. El estatus social funcionaba como escudo.
Además, Sutherland puso el foco en algo esencial: mientras la criminología se centraba casi exclusivamente en la pobreza y en patologías sociales, estaba olvidando la criminalidad de las élites, que podía generar daños mucho más graves para la sociedad.
Otro concepto clave es el de crímenes de Estado, abordado por autores como Wayne Morrison. Se trata de atrocidades cometidas directamente por gobiernos o instituciones públicas: genocidios, colonialismo, terrorismo de Estado o violaciones masivas de derechos humanos.
Durante décadas, la criminología apenas prestó atención a estas realidades, centrando su mirada en el “delito común”. Así, la disciplina ignoraba hechos de enorme impacto social simplemente porque los legisladores no los catalogaban como delitos ordinarios.
El delito de cuello blanco y los crímenes de Estado no son cuestiones académicas: tienen efectos muy palpables.
En el ámbito económico, la corrupción reduce la inversión, incrementa la incertidumbre y frena la innovación, generando desempleo y pérdida de productividad.
En el ámbito social, este tipo de delincuencia erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, alimenta la desigualdad y, a largo plazo, dificulta el progreso cultural y democrático de un país.
Conclusión: ¿por qué no generan la misma alarma social?
La gran paradoja es que, aunque sus consecuencias sean devastadoras, estos delitos no provocan la misma alarma social que un robo o una agresión en la calle. Quizá porque sus efectos son menos visibles en el día a día o porque los responsables ocupan posiciones de poder.
La pregunta que nos deja Sutherland sigue siendo actual:
¿por qué castigamos con dureza al pequeño delincuente y, sin embargo, somos más tolerantes con el delincuente de guante blanco o con los abusos del poder político?
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Cuando hablamos de un juicio solemos pensar en jueces, abogados, fiscales y testigos. Pero hay una figura cada vez más relevante y, sin embargo, poco conocida por el gran público: el criminólogo. Su función no es juzgar ni acusar, sino aportar al proceso informes técnicos que ayudan a comprender mejor al autor del delito, a la víctima y al contexto en el que ocurrieron los hechos.
El informe criminológico es una herramienta que puede marcar la diferencia en todas las fases del proceso penal:
Aquí comienza todo: el juez investiga qué ha ocurrido y bajo qué circunstancias. En este punto, el criminólogo puede aportar un análisis clave para decidir, por ejemplo, si procede aplicar medidas cautelares, como la prisión provisional del acusado, o si es necesario establecer medidas de protección para la víctima.
En el juicio oral, el criminólogo puede presentar un informe que ayude al tribunal a entender mejor aspectos como el modus operandi del acusado, su perfil de riesgo o las circunstancias que rodearon el delito. No se trata de decidir en lugar del juez, sino de dar una visión científica que complemente el resto de pruebas y testimonios.
Cuando ya hay condena, el criminólogo sigue siendo útil. Sus informes sirven para valorar si un condenado puede acceder a medidas alternativas a la prisión —como trabajos en beneficio de la comunidad— o si es viable suspender la pena en casos de delincuentes primarios con bajo riesgo de reincidencia.
También ayudan a evaluar la peligrosidad criminal del penado, algo fundamental a la hora de conceder beneficios penitenciarios, permisos o libertades condicionales. No se trata de intuiciones, sino de análisis técnicos y basados en evidencia que permiten reducir decisiones arbitrarias.
La intervención del criminólogo no termina con la sentencia. En prisión, participa en la clasificación de los internos, revisiones de grado, programas de reinserción o valoración de permisos. Su papel es detectar si un recluso está en condiciones de regresar progresivamente a la sociedad o si, por el contrario, necesita medidas más restrictivas para evitar riesgos.
Los informes criminológicos no son vinculantes: el juez no está obligado a seguirlos. Sin embargo, cada vez es más evidente que la justicia gana en calidad cuando se apoya en datos y diagnósticos científicos.
¿Queremos un sistema penal basado únicamente en la intuición judicial, o preferimos que decisiones tan trascendentes como la prisión, la libertad o la reinserción se tomen con el apoyo de la ciencia criminológica?
Cuando pensamos en el crimen solemos imaginar jueces, juicios y cárceles. Sin embargo, la criminología nos recuerda que la parte más eficaz de la lucha contra el delito no es el castigo, sino la prevención.
La criminología, junto con disciplinas como la psicología, la sociología o el derecho, estudia las causas y circunstancias que favorecen la delincuencia, y propone medidas para anticiparse a ella. Gracias a este enfoque, muchos países han puesto en marcha programas en los que criminólogos trabajan junto a la policía y las instituciones. Los resultados demuestran que prevenir es más eficaz y menos costoso que castigar después.
Para diseñar estas estrategias, la criminología se apoya en distintas corrientes:
Teorías situacionales: el delito aparece cuando hay oportunidad. Reducir esas oportunidades (iluminación en calles, control de accesos, vigilancia) significa reducir el riesgo.
Teorías dinámicas: ponen el foco en cómo influyen las etapas de la vida y el entorno personal en la conducta.
Teorías del etiquetado: alertan de cómo la discriminación o el estigma social pueden empujar a alguien a convertirse en delincuente habitual.
La prevención se aplica en distintos niveles, según el grado de riesgo:
Prevención primaria: medidas generales para toda la sociedad, como la educación en valores, la convivencia escolar o el urbanismo seguro.
Prevención secundaria: programas dirigidos a colectivos en riesgo (jóvenes con fracaso escolar, familias en exclusión, personas con adicciones) para evitar que lleguen a delinquir.
Prevención terciaria: centrada en quienes ya han cometido delitos, con el objetivo de reducir la reincidencia y favorecer la reinserción social.
La criminología demuestra que prevenir siempre es más eficaz que castigar. Pero surge la gran pregunta:
¿Es posible que la prevención y la reinserción funcionen en todos los casos, incluso en delitos graves, o existen situaciones en las que la sociedad reclama simplemente castigo?
Cuando hablamos del sistema penal español, en realidad nos estamos refiriendo a una gran pregunta:
¿para qué sirve castigar un delito?
Durante siglos, la sociedad ha utilizado la prisión como principal herramienta frente al crimen. Sin embargo, el debate sigue abierto: ¿es suficiente encerrar a alguien para que no vuelva a delinquir? ¿O necesitamos un sistema que también busque educar y reinsertar al delincuente en la sociedad?
La pena (es decir, el castigo legal que recibe quien comete un delito) y las medidas de seguridad (pensadas para quienes no son responsables plenos de sus actos por problemas mentales o de adicciones) son las consecuencias jurídicas más importantes que prevé nuestro Derecho Penal. Ambas buscan proteger a la sociedad, pero su aplicación y sentido han cambiado con el tiempo.
Toda pena debe cumplir ciertos requisitos básicos:
Es un castigo real, porque priva de un derecho (libertad, propiedad, honor, etc.).
Debe estar prevista por ley, lo que garantiza seguridad jurídica y evita abusos.
Se impone solo al culpable, nunca a familiares u otras personas ajenas.
Solo puede dictarla un juez, tras un juicio con todas las garantías.
Aquí es donde surge el gran debate. A lo largo de la historia, distintas teorías han tratado de responder a esa pregunta:
Teorías absolutas (retributivas):
Defienden que la pena es un fin en sí misma: el delito debe ser castigado por justicia. Ejemplo clásico: “ojo por ojo, diente por diente”. Hoy esta visión está muy superada, porque choca con la dignidad humana y con la idea de que el Derecho Penal debe ser mínimo y útil.
Teorías relativas (preventivas):
Ven la pena como un instrumento para evitar futuros delitos. Aquí distinguimos:
Prevención general: la pena busca disuadir al conjunto de la sociedad para que no delinca.
Prevención especial: se centra en el propio delincuente, para intimidarlo, aislarlo o reeducarlo, evitando su reincidencia.
Teorías mixtas:
Son las más aceptadas hoy. Combinan lo mejor de cada enfoque: la justicia retributiva, la prevención general y la prevención especial.
La Constitución Española (art. 25.2) marca claramente el rumbo:
“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social.”
Esto significa que, más allá del castigo, la prisión debe servir para que la persona pueda volver a la sociedad sin reincidir. Aun así, en los últimos años se observa una tendencia a endurecer penas en ciertos delitos graves (terrorismo, violencia sexual, etc.), lo que refleja una tensión constante entre castigar más duro y apostar por la reinserción.
El sistema penitenciario español, al menos sobre el papel, se construye sobre un principio claro: toda pena privativa de libertad debe estar orientada a la reinserción social. Es un mandato constitucional que refleja un ideal humanista: nadie está perdido para siempre, toda persona puede tener una segunda oportunidad.
Pero la práctica abre un debate inevitable: ¿de verdad todos los delitos permiten esa reinserción?
Hay crímenes que generan tal repulsa social que la idea de “reeducar” al autor parece casi una ofensa para las víctimas. Y, frente a ello, resurgen voces que reclaman castigos más duros, alejados de cualquier aspiración resocializadora.
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